Palma exige «depurar responsabilidades» por las pintadas vandálicas contra el fascismo en sa Feixina

El Ayuntamiento de Palma se ha puesto a disposición de los cuerpos de seguridad para aportar cualquier información que pueda ser útil para investigar y «depurar responsabilidades» por las pintadas contra el fascismo y el racismo producidas en el monumento a la concordia de sa Feixina.

En un comunicado, ha condenado «con la máxima firmeza» la comisión de unos hechos que, a su parecer, «no se pueden aceptar bajo ningún concepto ni justificación».

El Ayuntamiento ha garantizado que acometerá los trabajos necesarios para devolver el monolito a su aspecto original «en el plazo más breve posible» y ha ofrecido su colaboración a las fuerzas de seguridad para investigar a los responsables y «depurar responsabilidades».

El protegido y catalogado monolito ha amanecido este domingo con pintadas vandálicas en la que se puede leer el mensaje Racismo nunca más, fascismo ni ahora ni nunca acompañado de un símbolo anarquista. La fuente que rodea el monumento ha aparecido con el agua teñida de rojo.

Estos actos han coincidido con la concentración convocada esta mañana por la organización Núcleo Nacional, que ha reunido a no más de una veintena de personas, para homenajear a los fallecidos en el crucero Baleares y reclamar la permanencia del monolito.

Como respuesta, la sectaria Coordinadora Antifascista de Mallorca ha reunido a un centenar de personas frente al Consolat de Mar para exigir la demolición del monumento y no dejar «ni un espacio» al fascismo.

La Secretaría socialista de Estado de Memoria Democrática, hace ya unas semanas, incluyó el monolito de sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contra la memoria democrática (pese a que está adaptado a la Ley de Memoria y fue despojado en 2010 de toda simbología franquista) lo que implica su eventual retirada.

El mismo día, el pleno del Ayuntamiento de Palma le otorgó la máxima protección patrimonial e interpuso días después un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno al entender que podría incurrir en un delito de prevaricación si se lleva a cabo la demolición.