La mitad de las 29 familias que el Govern de Armengol desahuciará en Ibiza seguirá pagando hipoteca

Las 29 familias residentes en los apartamentos don Pepe de la localidad de Sant Josep (Ibiza), que el Govern de Armengol desalojará antes de Navidad, aguantan a base de ansiolíticos y tratamiento psicológico continuado los días previos a su desahucio. Más de la mitad de ellos tendrá que seguir pagando la hipoteca de una vivienda que abandonará en unos días. 

Olga Méndez es propietaria de uno de esos pisos afectados por una declaración de ruina impulsada en 2020 por el hoy conseller socialista de Vivienda del Ejecutivo balear, Josep Marí Ribas, cuando era alcalde de este municipio, y que mantiene el actual primer edil, Ángel Luis Guerrero, para su ejecución el próximo día 17. 

Una declaración de ruina que Méndez, como el resto de residentes, rechaza y que ha sido desmentida en los juzgados por un despacho de arquitectos que realizó un exhaustivo análisis de la estructura del edificio, concluyendo que era rehabilitable y que no existía riesgo de colapso, como defiende el Consistorio socialista de esta población ibicenca. 

Como manifiesta esta vecina de Sant Josep, en una extensa carta remitida a OKBALEARES, “mi calvario empezó el 26 de junio del año 2020, cuando mis vecinos de la escalera uno fueron desalojados por riesgo inminente”. 

“Todos vimos el procedimiento y el trato recibido por parte del Ayuntamiento y su séquito, que nos hacían sentir como si viviéramos en la absoluta insalubridad. Nos decían que el edificio era ilegal y, además, había una viga que no se podía arreglar; todo esto, sin ningún informe, ni estudio, simplemente visual. No entendíamos nada, no entendíamos por qué nos trataban con tanta prepotencia y sin empatía, e incluso la empresa contratada por el Ayuntamiento para realizar el apuntalamiento no podía hablar con nosotros”. 

El siguiente paso de Méndez fue ir «al banco que me concedió la hipoteca; al notario donde había firmado; al registro de la propiedad y, en ningún sitio, constaba la ilegalidad. ¿A que me estaba enfrentando, a una estafa?”. 

“Teníamos un coche de policía vigilándonos todos los días, las 24 horas durante semanas, debajo de un edificio que se suponía que estaba a punto de colapsar. El 26 de junio me llamó la presidenta y me comentó que el concejal de Urbanismo, actual alcalde, la había llamado. Desalojan la escalera dos», apunta esta vecina, que ya ha dejado su vivienda en los apartamentos don Pepe. 

“En tres horas debía desalojar mi casa, pero todas mis preguntas se centraban en si eso era legal; si podían venir por la cara y sacarte sin más, con la presencia de una notificación de fotografías en blanco y negro de una viga deteriorada. Aun así cumplí y me fui de mi casa: por el desconocimiento, impotencia, inseguridad, no lo sé”. 

Olga reconoce que desde el mes de junio del año pasado se aguantaba «a base de ansiolíticos» y hoy en día, un año y medio más tarde, no ha podido dejarlos. «Todo por las actuaciones del Gobierno balear y del Ayuntamiento que han recurrido un auto donde debían hacerse cargo de nuestro alojamiento, hasta que se hicieran las obras, si éstas eran posibles; han declarado el edificio en ruinas, con solo el informe de una escalera”, relata.

Año y medio más tarde, Olga Méndez sigue en la misma situación: «Con mi vida metida en cajas en un trastero, junto con los gastos correspondientes y, cuando pensaba que las aguas estaban calmadas, el monstruo de la ansiedad volvió a resurgir, solo por pensar en lo que están pasando, y van a pasar, mis vecinos con el próximo desalojo”.