Mallorca deja en el aire el requisito de tres años de residencia para cobrar las ayudas por la guerra
Aplaza el desembolso de parte de los 84 millones anunciados para paliar los efectos del conflicto bélico
Para los socialistas exigir tres años de residencia legal para poder cobrarlas "apesta a racismo"

Mallorca deja en el aire el requisito de tres años de residencia para cobrar las ayudas por la guerra de Irán. Todo ello después de que el gobierno insular de PP y Vox haya decidido retirar del orden del día por cuestiones técnicas una parte de su paquete de ayudas para hacer frente a los efectos económicos derivados de este conflicto bélico.
Estas ayudas fueron anunciadas por el presidente insular, Llorenç Galmés, que estará dotado con 84 millones de euros. La idea del Consell de Mallorca es subsanar estos aspectos técnicos para hacer que el acceso a las ayudas sea más ágil y, tan pronto como sea posible, aprobar esta modificación de crédito en un pleno extraordinario.
Una de las cuestiones que estaban contempladas en la memoria justificativa de la modificación de crédito que finalmente ha sido retirada del orden del día del pleno de mañana jueves era la exigencia de que los beneficiarios de las ayudas acreditaran tres años de residencia legal.
Por el momento, según han indicado las fuentes del Consell de Mallorca, se desconoce si este requisito se mantendrá o se ajustará durante la revisión de las cuestiones técnicas a subsanar.
El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha considerado pertinente la retirada de esta medida ante la posibilidad de «estudiar mejor algunos expedientes» que se habían elaborado «con cierta premura» debido a que las festividades de Semana Santa «inhabilita una serie de días para trabajar».
«Hemos consultado a entidades que nos han hecho ver que podríamos mejorar estos expedientes, y como estamos a tiempo, hemos considerado que es mejor ser prudente para después poder hacer resoluciones que lleguen más rápido a la gente y no dejar las cosas más ambiguas. Lo hemos hecho con un criterio de prudencia», ha explicado.
Sí que se debatirá en la sesión plenaria correspondiente a este mes de abril otra incorporación de remanente, esta de 25,5 millones de euros. De estos, casi 13 millones se destinarán íntegramente al escudo social para hacer frente a los efectos de la escalada bélica en Oriente Medio.
La portavoz insular socialista, Catalina Cladera, ha lamentado que se haya retirado la citada modificación de crédito «de manera improvisada» y ha considerado que responde a la «falta de planificación y sensibilidad» del equipo de Galmés, a quien ha pedido una nueva propuesta de escudo social que sea «real, completa e inclusiva».
La también expresidenta del Consell ha rechazado cualquier preferencia para los residentes, como la de exigir tres años de estancia en la isla, porque considera que «apesta a racismo» al excluir de las ayudas a «parte de la población más vulnerable».
«Había ayudas por valor de nueve millones de euros que dejaban fuera a personas por el simple hecho de no cumplir con un mínimo de tres años de residencia, una medida que tiene un claro tufo discriminatorio», ha incidido Cladera.
Cladera ha atribuido esta medida a la «influencia» de Vox en el equipo de gobierno, del que forma parte, y ha considerado que la «presión» de las entidades sociales ha sido «clave» para que se retirara la modificación del orden del día.
Perelló ha ido en la misma línea y ha especulado con la posibilidad de que la retirada de estos 17,5 millones esté vinculada con este requisito que se pretendía establecer.