Jueces izquierdistas de Baleares maniobran para imponer a su candidato a la presidencia de la Audiencia
El progresista Carlos Gómez, presidente del TSJIB, quiere colocar a un afín como presidente de la Audiencia Provincial de Palma
En enero se convocará la plaza y los progresistas temen que la APM, la asociación conservadora, haga sombra a su candidato
La cúpula judicial de Baleares oculta la verdadera situación de sus órganos para no molestar al Gobierno de Pedro Sánchez
Los jueces izquierdistas de Baleares maniobran para imponer a su candidato para presidir la Audiencia Provincial de Palma. Al frente de la operación está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB), el progresista Carlos Gómez, que quiere colocar a un afín como presidente de la Audiencia Provincial de Palma. En enero de 2025 está previsto que se convoque la plaza. El candidato de Gómez sería el magistrado también progresista Gabriel Oliver Koppen.
Los izquierdistas temen perder el control del órgano judicial y pretenden que haya un sólo candidato, el suyo, para seguir así controlando la judicatura de Baleares. Con ello controlarían la judicatura cuando precisamente se avecinan casos que afectan directamente a la gestión del PSOE en Baleares: caso Puertos, caso Mascarillas, etc.
Los izquierdistas pretenden de esta forma mantener el control de la Audiencia Provincial de Palma con el temor de que pueda presentarse un candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que pueda hacer sombra al suyo.
Desde hace ya unos meses el magistrado Mateo L. Ramón Homar, presidente en funciones de la Audiencia Provincial de Palma y de la Sección Civil Quinta de la misma Audiencia Provincial, anda interpelando a los magistrados con la finalidad de descubrir si se presentarán como candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Palma.
Resulta preciso explicar que la judicatura de Baleares se encuentra bajo el control de dos asociaciones de jueces: la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria. Ambas concurrieron de forma conjunta frente a la Asociación Profesional de la Magistratura en las elecciones del pasado 26 de noviembre a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Ambas asociaciones son de tendencia progresista mientras que la APM es conservadora.
El control sobre la judicatura de Baleares viene ejerciéndose desde hace años y alcanza tal intensidad que en muchas ocasiones han logrado que ningún magistrado que no sea el previamente designado presente su candidatura. En ocasiones se ofrecen compensaciones futuras en forma de plazas en órganos de su interés, que suponen en ocasiones un ascenso y una reducción de la carga de trabajo. Se llega incluso a ofrecer trabajo a familiares en forma de nombramientos como jueces suplentes o sustitutos.
Esta presión se ha intensificado estas últimas semanas porque al parecer el Consejo General del Poder Judicial ya habría informado que la convocatoria para cubrir la plaza de presidente de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca se va a producir en enero de 2025. A través del actual presidente en funciones de la Audiencia, Mateo L. Ramón Homar, el magistrado Oliver Koppen ya ha confirmado que se postula como candidato a la plaza, siendo pública y notoria su cercanía al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el progresista Carlos Gómez.
El mismo Carlos Gómez ha concebido un plan que tiene como objetivo allanar el camino a su candidato y que consiste en que los magistrados del TSJIB bajen a la Audiencia a resolver asuntos.
Resulta que ahora, justo cuando la convocatoria de la nueva plaza de presidente parece estar cerca es cuando se están preocupando de los señalamientos de juicios orales en las secciones penales, ambas colapsadas. Ocurre que en una de ellas no se oculta el colapso evidente, mientras que en la otra se amontonan los expedientes pendientes de señalar que no son agendados inmediatamente. Ello provoca una falsa percepción de que una sección no está tan mal como la otra.
Todo ello tiene como objetivo no visibilizar el retraso y evitar así el gasto que representa la creación de nuevos órganos judiciales dotados de magistrados, letrados la Administración de la justicia y oficina judicial.
La cúpula judicial de Baleares se está afanando en ocultar la verdadera situación de sus órganos para no molestar al Gobierno de Pedro Sánchez con reclamaciones justas y procedentes que agilizarían la justicia de Baleares, sin importarle que ello suponga la demora en los señalamientos de juicios.