Prohens niega a cuatro familias el derecho a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español

El Govern del PP que preside Marga Prohens defiende ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) la inmersión lingüística en catalán y se opone ante la Sala de lo Contencioso a la solicitud de cuatro familias de Mallorca para que sus hijos reciban al menos el 25% de las materias en español.

El 9 de mayo del año pasado, cuatro familias de un instituto de Calvià interpusieron un contencioso ante el TSJB con el fin de que se permitiera a sus hijos el poder estudiar en castellano en al menos el 25% del horario lectivo y al menos en una materia no lingüística troncal o de carácter análogo.

Las familias acudieron la Justicia después de que la dirección del instituto se negara a ofrecer al menos el 25% de la enseñanza en español, contraviniendo así diversas sentencias del Tribunal Supremo y la Jurisprudencia del Constitucional. La demanda la interpusieron durante la legislatura pasada y después de que la Conselleria de Educación del Govern que presidía Francina Armengol ratificara la decisión del instituto de mantener la inmersión lingüística en catalán a todos los alumnos.

Con el cambio de Govern y la promesa de la presidenta balear, Marga Prohens, de acabar con la dictadura del catalán, las cuatro familias confiaban en poder conseguir el derecho para sus hijos de recibir enseñanza en español pero la sorpresa ha llegado cuando la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha mantenido ante el TSJB la defensa de la inmersión lingüística en catalán.

Ha sido casi un año después de la presentación del contencioso cuando Sandra Capllonch, abogada del Govern de la popular Marga Prohens, se ha opuesto a la demanda, afirmando que las familias no tienen ningún derecho a recibir enseñanza también en español y defendiendo el proyecto lingüístico de inmersión obligatoria que aplica el centro escolar a absolutamente todos los alumnos.

La asociación de profesores Plis y Sociedad Civil Balear, que asesoran a las familias que han demandado a la Administración balear ante la Justicia, denuncian «la hipocresía del Govern de Prohens, que por una parte sigue el lema del PP nacional de bilingüismo amable y a la hora de la verdad, se opone a que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza».

Según Plis, «no es de recibo que el PP balear se niegue a satisfacer el derecho de los padres a recibir enseñanza también en castellano, mientras el PP nacional habla de bilingüismo amable y el PP catalán defiende el bilingüismo escolar. Esperemos que en Cataluña las promesas de conjunción lingüística no sean el mero reclamo electoral que a Prohens le sirvió para ganar las últimas elecciones».

El pasado 25 de enero ya llegó la primera sorpresa en el sector educativo de Baleares al conocerse que el nuevo Govern del PP, que prometió acabar con la inmersión lingüística en catalán, había denegado a una familia la petición que había presentado para que su hijo recibiera al menos el 25% de las clases en español. Con esta decisión, el Govern seguía la estela del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol y avalaba que el Instituto de Calvià, donde estudia el alumno afectado, prosiga impartiendo el 100% de las clases en catalán.

El nuevo jefe de Inspección Educativa, Gabriel Timoner, no ha modificado  la línea del anterior pacto de izquierdas que lideraba la socialista Francina Armengol y ha rechazado la petición de una familia que reclama para su hijo enseñanza también en español.

Esta decisión vulnera las diversas sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional que establecen el derecho de las familias a que sus hijos reciban al menos el 25% de las clases en español. La denegación de estas peticiones fue la nota dominante durante la anterior legislatura del pacto de izquierdas: se rechazaron todas las reclamaciones presentadas para recibir enseñanza en español.

La sorpresa ha sido que el nuevo Govern del PP no haya todavía implantado el bilingüismo como ha prometido y como figura en el pacto firmado con Vox que condujo a la investidura de Marga Prohens como presidenta.

Sentencias que obligan a dar al menos el 25% en español

Las familias que presentaron la reclamación se acogían en primer lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de abril de 2023, sobre la ley Celaá. Esta sentencia dicta que el español «debe estar presente como lengua vehicular según un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas» y que para que exista ese equilibrio o igualdad no debe reducirse a «una fórmula vacía, sino que se mantenga como derecho real y efectivo». En la misma sentencia se indica que este patrón de equilibrio e igualdad está fundamentado en sentencias anteriores del TC.

En segundo lugar, fundamentaban su petición en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, concretamente en las sentencias 1668/2015 y 1670/2015  que, para modelos lingüísticos de conjunción lingüística, como son los de Baleares y Cataluña, establece «la presencia mínima del castellano como lengua vehicular (en el curso y clase en los que el alumno sigue sus estudios) en un 25% de las horas efectivamente lectivas, porcentaje en el que habrán de comprenderse no sólo la asignatura lingüística correspondiente a su aprendizaje, sino cuanto menos otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga».

La asociación de profesores Plis prosigue así su comunicado: «Pues bien, a pesar de tan contundentes bases argumentativas, la actual Consejería de Educación prefiere, igual que su antecesor en la época del pacto, desoír al TC y al TS, negar el derecho a la familia y forzarla a gastar dinero y tiempo para contratar abogado y procurador y acudir al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Así es la lucha desigual del ciudadano que, con escasos recursos, tiene que pleitear contra una Administración que, con el dinero de todos los contribuyentes, posee ingentes recursos económicos y personales».