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El Govern pagará un plus de peligrosidad de 250 euros a los trabajadores de los centros de menores

La Conselleria de Asuntos Sociales se compromete a hacer efectivo el desembolso durante este verano

Por primera vez se reconoce la peligrosidad en los centros de justicia juvenil que gestiona Fundación S'Estel

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El comité de empresa y la Gerencia de la Fundación S’Estel han llegado a un principio de acuerdo para reconocer por primera vez la peligrosidad en el trabajo en los centros de justicia juvenil que gestiona esta entidad, con la retribución correspondiente.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que este mediodía el comité de empresa y la Gerencia de la Fundación S’Estel han llegado a un principio de acuerdo que supondrá reconocer por primera vez la peligrosidad en el trabajo en los centros de justicia juvenil, con la retribución correspondiente.

Este principio de acuerdo ha permitido desconvocar la concentración prevista para este miércoles a las 13.00 horas ante el Parlament.

La Fundación S’Estel, dependiente de la Conselleria de Asuntos Sociales, se compromete a hacer efectivo el acuerdo durante este verano, con el abono del complemento de penosidad de 250 euros mensuales a partir del mes de julio, y un incremento progresivo a partir de 2026.

La Fundación S’Estel gestiona, entre otros, los centros de justicia juvenil de Es Pinaret, Es Mussol y Es Fusteret, así como el centro de convivencia Es Pil·larí.

La falta de personal, el incumplimiento de protocolos y el incremento de situaciones de riesgo de agresiones marcan el día a día de estos profesionales, que ni tan siquiera tenían reconocido el plus de peligrosidad que el Govern continuaba pese a estar previsto en el convenio colectivo desde hace seis años.

Ante esta situación, la realidad es que han aumentado las plazas vacantes sin cubrir provocando el incremento de sobrecarga laboral y limitando todavía más la capacidad de llevar a cabo la tarea educativa y de reinserción.

Por ello, los trabajadores reclamaban el cumplimiento de protocolos y protección para la correcta prestación del servicio socioeducativo de justicia juvenil en Baleares dado que se sentían desprotegidos ante la posibilidad de agresiones físicas y verbales de los usuarios.