Armengol premia con 200.000 euros a la Oficina Anticorrupción para fiscalizar al PP en el año electoral

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 05/11/2022 06:55
  • Actualizado: 05/11/2022 09:38

En plena carrera electoral, y a seis meses de las próximas elecciones autonómicas en las que la presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, quiere reeditar por tercera vez consecutiva el gobierno de coalición con independentistas de Més y Podemos, el Ejecutivo balear incrementa el presupuesto de la Oficina Anticorrupción cuya única finalidad, en la práctica, es fiscalizar a los partidos de la oposición, básicamente el PP, por su mayor representación institucional frente a Vox y Ciudadanos.

Tras asegurarse el pasado mes de marzo el control absoluto de este órgano de fiscalización de la gestión pública, nombrando como director de la denominada Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, al ex alto cargo socialista, Cristóbal Milán Mateu, y una vez lograda la genuflexión de este ente adscrito al Parlament balear, Armengol engorda con 200.000 euros el presupuesto de esta corporación.

Si en el presente año que encara su recta final, la Oficina Anticorrupción ha manejado un presupuesto de 1,3 millones de euros, para 2023 Milán tendrá un 15% más de dinero del que disponer hasta superar los 1,5 millones.

Este incremento presupuestario se produce en vísperas de un escenario electoral, lo que le permitirá a este dirigente socialista nombrado a dedo por el Ejecutivo balear, incrementar la plantilla e incorporar a más personal.

El objetivo, tal y como viene sucediendo hasta la fecha, no es otro que el de fiscalizar la gestión de las instituciones donde gobierna la oposición, tal y como demuestran los hechos. Por increíble que parezca, la Oficina Anticorrupción se negó, sin ir más lejos, a investigar la recordada noche de copas de la presidenta balear en el Hat Bar de Palma en plenas restricciones por la pandemia.

Y no lo hizo, además, alegando que se trataba de un «conflicto ético» en el que no se podía posicionar. Igual sucedió con la polémica sobre la vacunación privilegiada de altos cargos de diferentes administraciones de Baleares gobernadas por el tripartito balear, cuya investigación dilató en el tiempo para quedar en nada.

Pero mientras la oficina archiva por sistema las denuncias que conciernen a las formaciones del pacto de izquierdas que gobierna, se ensaña con los partidos de la oposición, en especial el PP, contraviniendo incluso su forma de proceder habitual. Es lo que ha sucedido en el caso de la denuncia presentada en los juzgados contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), incumpliendo su propio reglamento que obliga a pedir previamente información sobre el caso y a escuchar las explicaciones del acusado.

Si en denuncias contra la gestión del Govern de Armengol, la Oficina Anticorrupción ha realizado todos los trámites pertinentes y lejos de derivar el tema a la Justicia ha optado por archivarlas, en este caso que afectaba al PP, al alto cargo socialista no le ha temblado el pulso para, de forma unilateral, ir a los tribunales. En este caso por la tramitación de emergencia en junio de 2020 durante la primera ola de la pandemia, de la contratación de diferentes actuaciones en el marco de una campaña de promoción turística desde el Consell de Ibiza.

Por contra, ni Milán ni su antecesor en el cargo, Jaume Far, movió un solo dedo por la compra millonaria por vía de urgencia de mascarillas sanitarias por parte del Govern de Armengol, a través de un despacho de abogados de un alto cargo socialista, por ejemplo. O la forma de proceder que tuvo en el denominado ‘caso Varadero’, archivando las denuncias presentadas en relación a la falsificación de un documento público por parte del Govern, con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico.

La Oficina Anticorrupción recibió la denuncia pero optó por no realizar ninguna investigación, pese a que ya han sido imputados por los tribunales, el director general de Política Industrial, Antonio Morro y Teresa Relea, directora de los servicios jurídicos de la Conselleria de Transición Energética que preside el ex juez de Podemos, Juan Pedro Yllanes.