El alcalde de Palma acaba con el sectarismo de la izquierda de sólo subvencionar al colectivo vecinal afín

El alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, ha acabado con el sectarismo de la izquierda de sólo subvencionar a la federación vecinal afín y cerrar el grifo de las ayudas públicas a la entidad que se mostraba crítica con la gestión del gobierno municipal.

Esta semana la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital balear ha puesto fin al veto impuesto durante la pasada legislatura por la coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos a la Sa Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, que por primera vez este año obtendrá aportación de dinero público procedente de las arcas municipales.

Por tanto, serán las dos federaciones de vecinos que hay en Palma las que recibirán subvenciones municipales para gestionar sus proyectos y actividades y no sólo como sucedía hasta ahora, el colectivo afín a los partidos de izquierda: la denominada Federació d’Associacions de Veïns de Palma, liderada por Maribel Alcázar, ex dirigente de Esquerra Unida en Palma y ex candidata electoral en 2015 por la formación de izquierdas Guanyem.

No obstante, la aportación de dinero público no será equitativa ni mucho menos: a la primera de ellas que nunca recibió nada, le han tocado en suerte 20.000 euros, mientras la federación de Alcázar se embolsará 126.000.

Todo ello después de que el equipo de gobierno, una vez finalizado el periodo de alegaciones, haya dado luz verde esta semana a la resolución definitiva de la convocatoria pública de subvenciones para las asociaciones vecinales de la ciudad y sus federaciones para este año 2025 y el siguiente.

La propuesta, dotada con un total de 1,6 millones de euros (800.000 por año), beneficiará a 35 entidades vecinales, dos federaciones y tres grandes acontecimientos populares organizados por ellas.

Para hacer efectiva la entrega de las ayudas, los beneficiarios disponen ahora de cinco días hábiles para aceptarlas formalmente y comunicarlo al área municipal de participación ciudadana.

Se pone así fin a la operación de asfixia económica que practicó el anterior gobierno municipal de izquierdas contra Sa Federació de Veïnats de Sa Ciutat de Palma dejando a este entidad una y otra vez fuera de cualquier aportación de dinero público y rechazando los recursos presentados contra esta política de exclusión que se traducía en que el grueso del importe de las subvenciones municipales destinados a las federaciones de vecinos se lo embolsaba el colectivo vecinal afín al ex alcalde José Hila, la Federación de Vecinos de Palma presidida por Alcázar.

Un trato privilegiado del anterior equipo de gobierno hacia esta federación vecinal que se traducía en subvenciones de calado para el desarrollo de actividades, fiestas o cursos, pero que también se extendía a otros ámbitos  de la política municipal donde esta entidad tenía trato de privilegio. Es el caso del consejo de Gerencia de Urbanismo que cada dos semanas aprueba licencias las obras y proyectos urbanísticos de la ciudad y donde sólo tenía voz y voto la federación de Alcázar.

Ninguna otra entidad o colegio profesional más que esta federación y los representantes políticos municipales podían votar en ese foro, ni la asociación de constructores, promotores, colegio de arquitectos, entidades de protección del patrimonio o ecologistas del GOB. Todos tienen voz, pero voto sólo esta federación.

A cambio, el anterior gobierno municipal del ex alcalde socialista José Hila, recibía el apoyo cerrado al grueso de sus decisiones desde este colectivo.

Y ello pese a que en otros ámbitos no era así donde Sa Federació tenía y tiene presencia en diferentes áreas municipales como colectivo vecinal, como así sucede por ejemplo en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes (IME) o en empresas públicas como la de aguas y limpieza (Emaya) o la EMT.