La Federación de Vecinos Sa Ciutat de Palma denuncia al Ayuntamiento por su «sectarismo» en las ayudas

La Federación de Vecinos de Sa Ciutat de Palma ha llevado al Ayuntamiento a los tribunales por el «sectarismo» en el reparto de subvenciones del gobierno de socialistas, nacionalistas y Unidas Podemos (UP), al quedar excluidos de todas las convocatorias a las que se ha presentado la entidad desde su creación en 2016. 

El colectivo vecinal, que también se presentará este año a la convocatoria anual de subvenciones municipales, denuncia en el contencioso admitido a trámite por el Juzgado número 2 que en diversas reuniones mantenidas en el área de Participación Ciudadana se habla abiertamente de haber tomado la decisión de deslegitimar a esta entidad «por razones claramente políticas». 

Concretamente, apuntan, «por presuponer que se compone o nutre de miembros procedentes de FEPAE (otra federación vecinal ya desaparecida) y que, por tanto, será de derechas», tal y como recoge la demanda interpuesta. 

Otra de las justificaciones que se les da desde el Consistorio para no admitirles en la convocatoria pública de subvenciones es que el ámbito de actuación de la Federación Ciutat de Palma sería el de Baleares y no el de la capital balear, algo que la entidad rechaza. 

En este sentido, se da el caso de que el Consell de Mallorca, gobernado por partidos del mismo color político que el del Consistorio palmesano, les deniega también el acceso a ayudas públicas por considerar que la demandante no tiene entidad insular, sino que la finalidad de su acción se circunscribe al ámbito de Palma. 

Es decir, Ayuntamiento y Consell emplean argumentos jurídicos contradictorios entre sí para despojar de toda subvención a la Federación Ciutat de Palma, manteniendo contra viento y marea sus propios criterios desestimatorios. 

Desde el colectivo se considera que dicho motivo de denegación «es improcedente e  incomprensible» y denuncia la obstinación, sin precedentes, en mantener esas supuestas causas de incumplimiento. A juicio de la asociación demandante, estos argumentos no concuerdan con la realidad de los hechos, con la acción real, ni con el trabajo ordinario de la federación, manifestado en la memoria de actividades que refleja que sus actividades se llevan a cabo, en su totalidad, en la ciudad de Palma. 

La asociación también aclara en su demanda que una de las consecuencias que se derivan de su  marginación en la recepción de unas subvenciones claves para su subsistencia es que el equipo de gobierno favorece a la otra federación de vecinos que existe en Palma. Una entidad afín al actual gobierno municipal (Federación de Asociaciones de Vecinos), que logra la casi totalidad del importe otorgado por el Consistorio palmesano en materia de subvenciones a federaciones de vecinos, «lo que no hubiera sucedido por estar en competencia directa con la demandante», apuntan en su escrito.

Baste indicar a este respecto que ese colectivo rival tiene voz y voto en organismo municipales como el Consejo de Gerencia de Urbanismo. Un derecho que sólo pueden ejercer los concejales municipales y que, a excepción de este colectivo, ningún otra asociación tiene, incluidos colegios profesionales de arquitectos, constructores o promotores.