El alcalde José Hila gobierna en Palma con tres concejales de su equipo imputados

El alcalde de Palma, el socialista José Hila, lleva la presente legislatura gobernando con tres concejales de su equipo de gobierno imputados en diferentes procesos judiciales. Ninguno de ellos ha hecho, ni tan siquiera amago, de dimitir, ni por supuesto, el primer edil les ha exigido su acta de regidores.  Son, en concreto, la concejala nacionalista de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, la concejal de Seguridad Ciudadana Angélica Pastor y el concejal de Movilidad, Francesc Dalmau.

Truyol está imputada por vertidos de aguas fecales a la Bahía de Palma durante la pasada legislatura cuando presidía la empresa municipal Emaya. Angélica Pastor como resultado de su gestión al frente del área de Seguridad Ciudadana y, entre otras cuestiones, por revelación de secretos, una causa que se instruye en el Juzgado número 3 de Palma en el denominado ‘caso Cursach’.

El último en declarar ante el juez como investigado fue el edil de Movilidad, el también socialista, Francesc Dalmau. Tanto él como el gerente de la Empresa Municipal de Transporte, Mateo Marcús, están acusados de presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, después de ser denunciados por los sindicatos USO y SATI tras presuntamente favorecer a personas afines dentro de la empresa, con ascensos a dedo, sin concurso oposición alguno, y complementos salariales injustificados. 

Tres casos judiciales que, por ahora, no están afectando a la carrera política de los tres ediles que se mantienen en el cargo contra viento y marea pese a las solicitudes de dimisión presentadas por las formaciones de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos que han exigido al gobierno municipal aplicarle a los imputados el denominado Código Ético. Un manual de buena gestión que el equipo de Hila dejó hace años dejó encerrado bajo llaves y del que nadie se acuerda. En el mismo, por ejemplo, se establecía que en los supuestos de imputación se pondrá el cargo a disposición de la valoración que realice la comisión de seguimiento. 

Si nos atenemos a los antecedentes del actual gobierno municipal con la gestión de las imputaciones de políticos de izquierdas, y su forma de encarar las condenas judiciales desde la pasada legislatura, los concejales del Pacte continuarán atornillados a la silla oficial. Baste recordar que el antecesor del imputado edil Dalmau en la Concejalía de Movilidad, el ex edil Joan Ferrer, fue condenado al pago de 30.000 euros por la Agencia de Protección de Datos por revelación de datos de carácter personal de los regidores de la oposición.

La multa la desembolsaron las arcas municipales, al igual que la impuesta al concejal socialista de Economía, Hacienda e Innovación, Adrián García, y al exgerente del Instituto Municipal d’Esports (IME), José María González, sancionados por el Tribunal de Cuentas. En este caso, el Ayuntamiento contrató una póliza para cubrir de la multa de 28.000 euros impuesta inicialmente. O el ex edil de Podemos, Aligi Molina, condenado por la Justicia por el asalto a la Conselleria de Educación, bajo el Govern de José Ramón Bauzá, y al que el juez le embargó sus cuentas bancarias tras tomar posesión del cargo de concejal de Igualdad en 2015.