ARAGÓN

Así es Zuera, la cárcel más peligrosa de España y con mayor número de ataques a funcionarios

Este pasado 2023, se registaron 27 ataques a funcionarios penitenciarios en el penal de Zuera, uno de ellos muy grave

Los funcionarios de prisiones tampoco están reconocidos como profesión de riesgo

cárcel Zuera
Paula Ciordia

La cárcel de Zuera es el centro penitenciario más peligroso de España. Un puesto en el ranking de peligrosidad de instituciones penitenciarias que no había ocupado nunca esta cárcel de Zaragoza. Ésta como el resto de penales están atravesado el periodo más violento de los últimos nueve años en España, fruto de las bandas, la extranjería, el yihadismo y la sobreocupación.

Los datos los ha hecho públicos la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP). En ellos, señalan que tanto la de Zuera, como el Puerto III, en Cádiz, son las dos cárceles más conflictivas. En cada una se han contabilizado hasta 27 agresiones a funcionarios de prisiones.

En el caso de la cárcel de Zuera, una de estas agresiones fue muy grave, lo que la ha posicionado como la más peligrosa. Curiosamente, este martes, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, denunciaba ante los medios de comunicación, los obstáculos que se había encontrado desde el ministerio de Interior, para que no visitara el centro penitenciario ni se entrevistara con ninguno de los funcionarios de prisiones, al no ser «competentes» para hablar de esta situación.

La cárcel del Soto del Real ya no es la más peligrosa

Estos datos obtenidos en Zuera contrastan con el ratio en años anteriores. Precisamente, Zuera no aparecía en las cinco primeras posiciones de penales más conflictivos. En 2022, el centro penitenciario considerado como el más peligroso de España, atendiendo al número de funcionarios agredidos, fue la cárcel del Soto del Real, que cerró aquel año con 24 ataques.

Sin embargo, este 2023, la violencia ha aumentado en todos centros penitenciarios, y el número de agresiones registradas se han superado tanto en la de Cádiz como en Zuera, mientras que la del Soto del Real ha bajado en la clasificación, hasta la sexta posición.

Tampoco podemos pasar por alto, la cárcel de Daroca, también en la provincia de Zaragoza. Junto con la de Zuera, suman un total de 47 agresiones, siendo dos de las tres prisiones con más violencia sufrida denunciada.

Saturación en la cárcel de Zuera

Uno de los problemas de este aumento generalizado de las agresiones a los funcionarios, son que «no tiene ningún coste para el preso», explica uno de los trabajadores de Zuera a OKDIARIO, puesto que asegura que salen tras 24 horas en el módulo de aislamiento sin ningún tipo de gravamen. Además, muchas de las agresiones e insultos no están contabilizadas por lo que las estadísticas no reflejan el problema real que viven estos profesionales.

La situación por la que atraviesan día a día estas personas es difícil, puesto que en la cárcel de Zuera hay un funcionario para 80 presos, nos detalla el mismo funcionario. Además, los medios están obsoletos y los funcionarios no reciben una formación apropiada ni actualizada para poder enfrentarse con seguridad a los problemas diarios: yihadismo, narcotráfico, violencia machista, bandas, extranjería. Ni tampoco están dotados de ningún tipo de medios materiales, necesarios para afrontar la peligrosidad de su trabajo, como pistolas táser.

Además, en el caso de la cárcel de Zuera, se registran niveles superiores de ocupación de las plazas que tienen. El número de reclusos a día de hoy en Zuera es de 1150 personas. Es decir, el número de internos aumenta cada año, mientras que no lo hace el personal.

Ahora bien, si atendemos al histórico de cárceles más conflictivas, nos daremos cuenta que el centro penitenciario de Puerto III está considerado como el más violento. El asesinato de los dos guardias civiles en Barbate hace dos semanas, ha sacado a la superficie una realidad oculta a la propaganda de Sánchez, pero que muestra cómo la criminalidad va en aumento en nuestro país.

El funcionario de prisiones: no es profesión de riesgo

A día de hoy, el funcionario de prisiones es otra de las profesiones (como la de policía nacional o guardia civil) que no están consideradas como profesión de riesgo, pese a sorpresa de muchos. Esta es una de las reivindicaciones históricas del colectivo. Además, pese a la promesa del Gobierno de Sánchez de ser considerados como agentes de la autoridad, a estos profesionales todavía no se les ha otorgado lo firmado.

Pondremos a continuación una serie de ejemplos de este 2023, que ilustra lo que venimos exponiendo y que deja en evidencia el riesgo que corren estos profesionales en el ejercicio de su labor. El pasado mayo, un reo de origen árabe, interno en el módulo 9, el más conflictivo del centro, agredió a tres funcionarios de Zuera, provocándoles varias heridas, al negarse a cumplir los horarios y el aseo en su celda, en mitad de un apagón de luz.

En septiembre, la escala de violencia aumentó. Otro joven marroquí, considerado como reo peligroso, apuñaló en la cara a un jefe de servicios en la sala común del módulo 4. El reo cumplía pena por robo. Además, otro empleado de la prisión resultó lesionado.

Como ejemplo de otro episodio de violencia, en este caso en Daroca, fue el protagonizado por seis internos armados con pinchos que agredieron a varios funcionarios, y que no puederon ser trasladados a la sección de aislados porque estaba llena, teniéndolos que separar en varios módulos.

Unas cifras «cocinadas» por el Ministerio de Marlaska

Si resulta de por sí dramáticas las cifras que aportábamos, publicadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), todo apunta que son aun peores.

El sindicato de funcionario de prisiones Tu abandono me puede MATAR (TAMP), considera que las cifras son «cocinadas» por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Luis Ortiz, y por el Ministerio de Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, al calor del protocolo específico para contabilizar agresiones aprobado a finales de 2017, por dicha secretaría y los dos sindicatos generalistas CSIF y UGT-Acaip.

Se trata de un protocolo que impuso un criterio distinto del resto de la Administración General del Estado, con lo que «se consiguió blanquear los datos totales de agresiones» para que las citadas amenazas de muerte, empujones, tocamientos, etc., no se contabilizasen, denuncia TAMP.

Según argumentan desde el sindicato TAMP, las cifras de agresiones en pandemia descendieron, por el cierre de las instalaciones penitenciarias «y la consecuente disminución de entrada de objetos perdidos o sustancias estupefacientes por personas ajenas a la institución», y de ahí que, «una vez vuelta a la normalidad, el número de agresiones se dispararon en el año 2022 hasta las 453».

El sindicato sostiene que la estadística está «cocinada» porque «faltan muchas más que no se contabilizan», como amenazas de muerte, tocamientos, empujones y salivazos. El TAMP denuncia que estas agresiones parece que «vayan en el sueldo» de estos funcionarios.

Pese a ello, el sindicato alerta que este balance confirma «la oleada de agresiones a funcionarios de prisiones» del 12% respecto al año 2022, que llegó a registrar 453 agresiones, alcanzando en este año la cifra récord de 508.

Este volumen viene a significar que si, en 2022, se producía una agresión a funcionarios cada 19 horas, el pasado año, la frecuencia es aun superior, resultando al menos una cada 17 horas. En el caso de los dos centros penitenciarios de Zaragoza, juntas suman cuatro agresiones al mes durante este pasado año.

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