INMIGRACIÓN ILEGAL

Vox denuncia que Marlaska no le permite visitar la cárcel de Zuera: «¿Qué tratan de ocultar?»

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado la relación entre inmigración y delincuencia a las puertas de la cárcel de Zuera (Zaragoza)

Vox Zuera, Alejandro Nolasco
Paula Ciordia

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, se ha presentado este martes a las puertas de la cárcel de Zuera (Zaragoza) para dejar manifiesto que el ministerio de Interior le ha obstaculizado la solicitud de visita al centro de prisiones, así como mantener una reunión con el director, como solicitó el líder de Vox en la comunidad hace semanas.

«Quiero denunciar el oscurantismo del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, Elma Saiz, siempre que se les pregunta sobre la relación que hay entre delincuencia y la inmigración», ha denunciado el líder de Vox en Aragón.

«Hemos sido obstaculizados para realizar una visita a la cárcel de Zuera. Desde Madrid, nos dicen que los funcionarios no son competentes para hablarnos de cuál es la situación», ha expresado ante los medios de comunicación.

El de Vox ha espetado al ministro de Interior que se persone en el centro penitenciario: «Yo invito a Marlaska, que nos ha privado de 600 guardias civiles, que venga aquí a pasar una noche si realmente cree que la situación es segura y realmente no hay un problema relacionado entre inmigración y delincuencia».

«Por qué, cuando intentamos recabar estos datos, visitar la prisión e intentar conocer la realidad de primera mano, siempre se nos niega, ¿qué es lo que tratan de ocultar?», ha denunciado.

Los datos de Vox en Zuera entre inmigración y delincuencia

A las puertas de la cárcel de Zuera, el de Vox ha expuesto, ante los medios, los datos que evidencian la relación que existe entre inmigración ilegal y delincuencia, según las informaciones proporcionadas por los propios funcionarios de prisiones, así como de fuentes oficiales.

El vicepresidente ha resaltado que, pese a que la población extranjera en España no supera el 14%, «encontramos que el 45% de los agresores de mujeres asesinadas por violencia de género, son extranjeros. Además, el 62% de los presos condenados por hurto, son extranjeros; así como el 53% de los condenados por robo; el 68% por tráfico de drogas, y el 51% representan a los agresores sexuales encarcelados».

«Los datos que hay son espeluznantes. Por ejemplo, Cataluña, el 50% de los presos son extranjeros. También en la cárcel de Daroca, donde el 40% son extranjeros», ha señalado.

El vicepresidente también ha aportado datos concretos de este centro penitenciario, para denunciar la realidad a la que se enfrentan, día a día, los funcionarios de prisiones. «Aunque no nos han dejado entrar en la cárcel, les puedo decir que en Zuera hay únicamente un funcionario por cada 80 presos. En 2022, hubo 27 agresiones, una con resultado muy grave. En 2023, incrementaron las agresiones respecto al 2022, un 80% más», ha añadido.

Además, según ha informado, la cárcel alberga 1150 presos, «una cifra muy por encima de la capacidad que tienen». Por otro lado, «hay un especial problema con los paramilitares del este de Europa y las bandas latinas y musulmanes. Es cierto que hay faltas de respeto continuadas a los funcionarios y, sobre todo, hay agresiones de tipo sexual».

En contraste, el vicepresidente ha criticado la política en materia de prisiones que lleva a cabo el País Vasco. «Es curioso que el País Vasco, que tiene competencia en prisiones se quitan presos que considera conflictivos, y de hecho exigen que los que acojan no tengan historial delictivo desde hace muchos años. En cambio, pueden albergar o acoger etarras», ha señalado.

Confirmado: reunión PP y Vox por los menas

En el tema de la inmigración ilegal, queda evidente que los socios de Gobierno en Aragón no son el mismo partido, y que ambos tienen posturas muy distintas. Sin embargo, la polémica nace del acuerdo de gobernabilidad firmado el pasado agosto entre PP y Vox para conformar gobierno, en el que uno de los puntos hacía referencia a la inmigración ilegal.

Es este asunto por el que Vox quieren revisar, en una reunión que han pedido a su socio de Gobierno, el seguimiento del pacto. Nolasco ha confirmado que se celebrará mañana a raíz de la polémica decisión del Gobierno de Aragón de ofrecerse a acoger a 23 menas más.

En relación con ello, hay que tener en cuenta, según los últimos exámenes periciales realizados por la Unidad de Determinación de la Edad, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), de los 72 informes realizados a estos inmigrantes ilegales, solo en 3 de ellos se ha reconocido que los analizados son menores de edad en Aragón.

«Se trata como fardos a los menas. Lo que sucede en España es que se está repartiendo el problema y no atajarlo desde el origen. A mi entender esto es un maltrato, porque se está tratando a los menores como si fuera mercancía», mostrando su apoyo a las declaraciones del concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, quien este pasado lunes criticó la situación con los menas.

El PP defiende que ellos no estarían vulnerando ningún acuerdo de Gobierno. El punto relacionado con la inmigración ilegal en el pacto es lo siguiente: «Exigiremos en todas las normas y convocatorias para el acceso a subvenciones y ayudas del Gobierno de Aragón, la acreditación de la residencia legal y no únicamente el certificado de empadronamiento. Suprimiremos cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las magias de tráfico de seres humanos».

Según los del PP, en materia de política de inmigración, en el pacto de gobernabilidad, sólo figura «cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos».

Mientras que para los de Vox, este punto hace referencia indirectamente a cualquier tipo de inmigración ilegal, ya que ésta depende de las mafias para llegar a nuestro país. Un punto que ha insistido en todas sus intervenciones el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco. El líder de Vox en Aragón ha defendido que la inmigración debe ser regulada, y que en Aragón no van a «facilitar la entrada de inmigrantes ilegales» y, por tanto, «no vamos a colaborar con las mafias de trata de seres humanos».

«Esto es un tema tabú. Desde Madrid, Marlaska nos ha cortado el paso, no entiendo porqué esto es así. Me inclino por pensar que se hace por puro afán electoralista, poniendo en riesgo la seguridad de las personas», ha defendido.

¿Solidaridad o legalidad?

«La ley de extranjería lo que dice es que los inmigrantes ilegales tienen que ser expulsados. La solidaridad es un concepto muy amplio, por ejemplo, el filósofo Gustavo Bueno ponía el ejemplo de la ‘solidaridad de las mafias’. Es decir, las mafias son muy solidarias entre ellas, y es algo que yo no entiendo. Es un populismo irracional», ha expresado.

«En este sentido, nosotros, desde el Gobierno, no vamos a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales en la comunidad. Una cosa es que se tenga que cumplir con una competencia nacional, como indicó lógicamente el presidente Azcón, y otra, que nos ofrezcamos los primeros, y vayamos corriendo a prestarnos a acoger inmigrantes ilegales, solo para que el señor Feijóo lo pueda decir en un mitin de campaña», ha criticado.

«No es una crisis de Gobierno», ha insistido,»hay una discrepancia porque somos partidos distintos que hemos tratado de llegar a un acuerdo». «En esta reunión, limaremos asperezas», ha declarado.

En el horizonte europeo, destaca el cambio de estrategia del Parlamento  sobre el tema de la inmigración. El pasado miércoles, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, votó a favor del nuevo Pacto de Asilo e Inmigración, que incluye la reforma del reglamento Eurodac, conocida como Informe Buxadé. Este informe, se ha nombrado así por su ponente, el jefe de la delegación de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, por el cual se permitirá identificar a inmigrantes ilegales, a partir de una base de datos más amplia.

Así mismo, entre otros logros, la reforma agilizará los procedimientos de asilo y retorno, introduciendo un procedimiento fronterizo integral. Esto aplicará especialmente a inmigrantes de países con baja tasa de reconocimiento de asilo, quienes intenten evitar su identificación o sean considerados un riesgo para la seguridad nacional. Aunque el Parlamento ha limitado su alcance, excluyendo a menores no acompañados y en casos de saturación de centros.

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