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En Aragón el 95,8% de los inmigrantes ilegales que dijeron ser menores no lo son

Alejandro Nolasco ha hecho públicos los datos del Instituto de Medicina Legal de Aragón

La mayoría de los inmigrantes ilegales llegados a Aragón que dijeron ser menores no lo son. Según los resultados obtenidos de las pruebas periciales realizados por la Unidad de Determinación de la Edad, en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), de los 72 informes realizados a estos inmigrantes ilegales, solo en 3 de ellos se ha reconocido que los analizados son menores de edad en Aragón.

El vicepresidente de Aragón y consejero de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial, Alejandro Nolasco, ha informado de las pruebas resultantes a las puertas del albergue de la Posada del Comendador, en Zaragoza, donde el pasado fin de semana, OKDIARIO descubrió el traslado de decenas de nuevos jóvenes inmigrantes ilegales a la ciudad desde Madrid.

Hasta sus puertas, ha decidido desplazarse Nolasco, acompañado del concejal de Vox y presidente de la Junta del Distrito de Casco Histórico, Armando Martínez, para informar a los medios de los resultados del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA).

«Estamos frente a uno de los albergues donde se acogen cientos de inmigrantes ilegales llegados desde Madrid y esto lo provoca la desastrosa gestión del Gobierno de Sánchez», ha denunciado Nolasco.

Aragón: 72 informes a inmigrantes ilegales y solo 3 menores

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (IMLA) ha realizado desde el 15 de noviembre hasta la fecha, 72 exploraciones por motivo de la crisis migratoria. Este cifra supone que el IMLA se ha visto obligado a realizar en este periodo más exámenes que en los dos años anteriores: «El Instituto se ha visto obligado a redoblar su esfuerzo, y hacer el doble de pruebas».

La prueba para saber si son menores

Las pruebas realizadas para la estimación de la edad consisten en una exploración física por parte del médico forense, la exploración odontológica de un odontólogo del Servicio Aragonés de Salud, y la valoración conjunta de estos profesionales con la de un médico y antropólogo forense.

Tutelados por el Gobierno de Aragón

Los inmigrantes ilegales menores de edad serán tutelados por el Gobierno de Aragón, para los que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha tenido que abrir un centro de acogida en La Almunia de Doña Godina, con una veintena de plazas más, ya que los demás centros habilitados se encuentran saturados y las 254 plazas que tiene habilitadas resultan insuficientes.

Todos los inmigrantes ilegales que no sean menores trasladados a Aragón serán atendidos directamente por ONGs, como Accem, Apic-Acam, al depender del Gobierno de España con quien tiene acuerdos para atenderles.

Por otro lado, el Gobierno de Aragón está pendiente de que el Gobierno de España, les avise de la llegada de 24 menores no acompañados más, que se comprometió a acoger en octubre pasado. Por esta tutela, el Ejecutivo de Azcón percibiría 1,3 millones de euros. De momento, desde la consejería de Bienestar Social, desconoce si al menos parte de esos menores serían los trasladados al albergue de la Posada del Comendador.

Hay que recordar que a finales del pasado noviembre, el Consejo de Gobierno aprobó la declaración de situación de emergencia administrativa ante la situación de colapso por la llegada masiva de inmigrantes ilegales a Aragón.

Además, en ese mismo Consejo, se habilitó una partida de 490.680 euros con cargo al fondo de contingencia, para poder atender a los 72 inmigrantes ilegales que se habían reconocido como menores y habilitar plazas residenciales, aun sin tener la certeza de si realmente eran menores al no haberlos sometido a las pruebas periciales pertinentes.

Este traslado a Aragón fue fruto de haberse clausurado como centros de acogida un hotel en Peñiscola (Castellón) y en Magret de Mar (Barcelona), y fue la ONG Apic-Acam la encargada de gestionarlo.

Nolasco: «Hay que entrar a España de una manera legal»

El vicepresidente ha insistido en que la inmigración debe ser «ordenada» porque así es «un activo», al tiempo que ha reivindicado que la entrada a España debe ser «de una manera legal con los permisos necesarios, con una intención honrada y de integrarse en el país. De la misma manera que si nosotros vamos a Marruecos».

Sin embargo, «cuando llegamos a esta situación, nos encontramos con situaciones como las que está atravesando este barrio, como el Gancho o Delicias, de okupación e inseguridad. Además de las mafias que se dedican al tráfico de personas», ha señalado.

Al respecto, Armando Martínez ha explicado que la comisaria de barrio que se instalará en el Gancho es fruto de las peticiones de los vecinos ante el incremento de la delincuencia: «Como fruto de las negociaciones para sacar a delante los presupuestos, logramos tener una partida para la implantación de esta comisaria de barrio».

«La inmigración ilegal no se está atajando. Somos el único partido que lo denuncia. De no frenar esta situación, acabaremos como en Bélgica, Suecia, en la que en algunos barrios, algunos vecinos tienen vetados la entrada», ha expresado.

«Es un peligro tener a personas que no sabemos quienes son. Hay una relación directa entre criminalidad e inmigración ilegal. Y se ve reflejado en la degradación de estos barrios», ha apuntado.

El vicepresidente ha contratado la situación de saturación que están atravesando comunidades autónomas, como Madrid o Aragón, con la última solicitud de Cataluña de tener las competencias sobre inmigración: «Eso es una extorsión».

Al tiempo que se ha defendido de las acusaciones que otros partidos hacen a Vox sobre xenofobia: «Recurrir al latiguillo de xenofobia, no está a la altura intelectual de lo que estamos hablando. Este debate es más amplio».

Otro traslado a Sabiñánigo: 60 inmigrantes ilegales desde Canarias

El pasado jueves, el Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, decidió desplazar a 60 varones de Senegal y Gambia, al albergue Pirinarium de Sabiñánigo (Huesca), donde en los últimos tres meses, se han alojado decenas de inmigrantes ilegales. Todas estas personas son mayores de edad, y la ONG encargada de la gestión es nuevamente Apip-Acam.

Además, a principios de enero, llegaron otros 35 subsaharianos directamente desde Canarias, sin que tampoco se haya informado a la opinión pública.