Abogados Cristianos tacha de «perversa» la Ley Trans de Aragón: estos son los artículos que pide quitar

Este lunes, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha recibido a la asociación Abogados Cristianos, presidida por Polonia Castellanos, en el palacio de la Aljafería, a la que le han entregado una batería de propuestas para hacer prevalecer «la defensa de la vida» y la «libertad religiosa» en Aragón, centrada, sobre todo, en llamar la atención sobre la Ley Trans vigente en la comunidad desde 2018. A la cita ha acudido en persona, el abogado zaragozano Pablo Jarque, en representación de la entidad.

La presidenta de las Cortes de Aragón, ha valorado positivamente la actividad de la asociación de Abogados Cristianos en toda España. En el caso de Aragón, Jarque ha expuesto el conflicto que acarrea contra la libertad religiosa, la Ley de aprobada el 2018, de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, de expresión e identidad de género, conocida como Ley Trans.

En este sentido, ha puesto el foco en varios de sus artículos a fin de meditar si vale la pena que la comunidad siga promoviendo esos valores, o por lo contrario, toma la postura de que sea el Gobierno de la nación quien multe a los aragoneses y no el Gobierno de Aragón sobre las infracciones que contempla dicha ley, como penalizar a aquellos psicólogos que atiendan en su consulta a personas que realicen consultas afectivas sobre la homosexualidad, pese que estas personas acudan ejerciendo su libertad y voluntad.

La Ley Trans de Aragón

Según Abogados Cristianos esta ley, «semejante en muchos puntos a otras leyes autonómicas», es «perversa», puesto que asentó, junto con el resto de las autonomías que tienen su propia ley, las bases regulatorias en esta materia sobre la libre determinación de género, antes incluso de la Ley Trans de Irene Montero, de 2023, «abriendo el camino».

De ahí que por ejemplo el art. 46, sobre la inversión de la carga de la prueba, vea su reflejo en la ley de Irene Montero en su art. 66, y lo mismo respecto al art. 49 aragonés con el art. 17 de la ley de 2023 española, sobre las infracciones.

Adoctrinamiento en las escuelas

El aragonés Jarque ha expuesto el motivo por el cual dicha ley habría que eliminarse atendiendo a los artículos 19-23, respecto al «adoctrinamiento en las escuelas», en los cuales se contempla el desarrollo de «un plan integral de desarrollo y diversidad de LGTBI», así como por ejemplo, se desarrollará y se incorporará la «realidad lésbica y, bisexual, transexual, transgénero e intersexual en los contenidos transversales de formación de todo el alumnado».

A este respecto, Abogados Cristianos recuerda la necesidad de poner en marcha un pin parental, tal y como se recogía en el acuerdo roto de gobernabilidad entre PP y Vox.

Discriminación positiva

Así mismo, al art. 39, respecto a la Contratación administrativa y de subvenciones, dado que da «preferencia de adjudicación de los contratos» para aquellas entidades que «desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades con independencia de la orientación sexual, expresión o identidad de género».

Respecto al art. 46, la asociación ha alertado de gravedad de «invertir la carga de la prueba», de forma que sea el acusado el responsable de demostrar su inocencia y, por tanto, que a quien se le atribuya la conducta discriminatoria debe aportar la justificación «probada, objetiva y razonable de ausencia de discriminación». Según Abogados Cristianos, esto «pervierte la tradición de nuestras garantías jurídicas», puesto que se basa en la llamada probatio diabólica, consistente en probar al investigado hechos negativos o inexistentes, algo que está prohibido puesto que es una «causa de indefensión».

Terapias afectivas: «Muy graves»

Otros de los puntos que han señalado de la ley para demostrar «su perversidad», es el art. 49, referido a las infracciones, como el apartado 4.c, en el que considera «muy grave» que un psicólogo pueda ofrecer las llamadas terapias o consultas afectivas, pese a que la persona haya mostrado su voluntad y libertad para llevarlas a cabo, puesto que la ley explícitamente lo considera el «consentimiento» de la persona «irrelevante», pudiendo multar al profesional entre 30.001 y 50.000 euros.

Una moción a favor de la neutralidad

Al hilo de estas posturas respecto a dicha ley aragonesa, Abogados Cristianos ha transmitido a la presidenta de las Cortes, que sería conveniente presentar una moción a favor de la neutralidad política para evitar el izado de banderas LGTBI en las instituciones aragonesas, al considerarlas símbolos religiosos.

Tal y como han conseguido en otras circunstancias que los tribunales den la razón a la asociación, apoyándose, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal 564/2020, de 26 de mayo, sobre las bandera independentistas, dado que las instituciones no pueden hacer uso de las «banderas no oficiales» y, en este sentido, «las banderas LGTBI -defiende Jarque- son igual de ideológicas que las banderas esteladas o los lazos amarillos».

El aborto y la eutanasia

Entre las propuestas que la asociación ha presentado a la presidenta está la de incentivar la maternidad a través de las ayudas a las madres que quieran serlo, con un cheque bebé adicional, por medio del cual la futura mamá reciba el dinero equivalente al aborto que se le iba a practicar de haber interrumpido su embarazo.

Además, consideran conveniente el protocolo del latido fetal así como la radiografía 3D, aunque sea de difícil incorporación por las últimas polémicas suscitadas en Castilla y León.

Respecto a la eutanasia, pese a que Aragón «sea una de las comunidades menos afectadas por esta lacra», consideran imprescindible que se brinde ayuda psicológica a todas las personas que soliciten la eutanasia.