La UCO destapa el enchufe a la mujer del socialista Espadas: así ascendió y se lucró con dinero público

Carmen Ibanco García, esposa del portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, fue enchufada y promocionada «de manera arbitraria» en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), según concluye la Guardia Civil en un nuevo informe remitido al juzgado que investiga posibles delitos de prevaricación y malversación en 85 contrataciones presuntamente irregulares.

El atestado, fechado el 14 de mayo y con 719 folios, expone que Ibanco accedió a su puesto tras enviar directamente su currículum al director de Recursos Humanos de la Faffe, pese a haberse publicado previamente una oferta en prensa. La UCO considera que esta acción denota «una posición ventajosa» respecto al resto de aspirantes. Aunque el procedimiento preveía 13 fases de selección, solo se completaron cuatro, sin que conste baremación curricular ni documentación sobre entrevistas estructuradas.

La esposa del ex secretario general del PSOE andaluz fue contratada en febrero de 2007 como Técnico de nivel E con un sueldo de 1.783 euros, pero en 2009 ascendió a Técnico de nivel D sin que exista constancia documental del proceso. La Guardia Civil estima que este ascenso le reportó 8.683 euros adicionales hasta 2011 y denuncia que se produjo sin convocatoria ni proceso selectivo, vulnerando los principios de igualdad y publicidad.

El informe sitúa el caso de Ibanco dentro de una trama de contrataciones presuntamente irregulares donde predominaban enchufes de familiares de dirigentes socialistas y sindicalistas, como dos sobrinas de altos cargos o el ex alcalde de Lebrija, Antonio Torres, ya condenado por contrataciones ilegales. El ex director de la Faffe, Fernando Villén, acumula también condenas por estos hechos y por gastos personales en burdeles con tarjetas de la fundación.

La UCO advierte que en muchos casos se utilizó únicamente la base interna SAP R3/HR, lo que limitaba el acceso público a las ofertas. En varios expedientes no se justificaban los criterios de selección ni se realizaban entrevistas más allá de la mínima exigencia, favoreciendo así contrataciones arbitrarias. También se detectaron contratos temporales convertidos en indefinidos sin autorización previa ni prórroga legal.

En al menos cuatro casos, los trabajadores contratados por la Faffe desempeñaban funciones como asesores del consejero de Empleo, cobrando más de 724.000 euros en total, lo que podría constituir un desvío de fondos públicos. Se añaden suplementos salariales sin justificación y ascensos internos sin procesos reglados, como el de la esposa de Espadas, lo que podría implicar infracciones penales.

Los investigadores insisten en que sus conclusiones se enmarcan en el ejercicio de la función judicial y deben entenderse como indicios que ahora quedan a valoración del juez instructor.