El Supremo tumba un contrato de 15 millones que el PSOE adjudicó en Benalmádena ignorando a expertos

El Tribunal Supremo ha obligado al Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga) a anular el contrato de mantenimiento de zonas verdes que el anterior gobierno local del PSOE adjudicó en 2022 a la UTE formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros.

El alto tribunal confirma así la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estimó el recurso presentado por las empresas Integra y Talher al considerar que el proceso de adjudicación vulneró los criterios establecidos en el pliego.

El contrato fue otorgado con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón (PSOE), que presidía la mesa de contratación. Lo hizo pese a la oposición expresa de la vicesecretaria municipal y del interventor, que alertaron de la falta de fundamento legal en el criterio utilizado para resolver el empate entre siete ofertas. ¿La pauta que desniveló la balanza? El número de trabajadores con discapacidad ponderado según el porcentaje de participación en la UTE.

Los hechos se remontan a marzo de 2022, cuando tras el séptuple empate, la Junta de Gobierno Local decidió adjudicar el servicio a la UTE formada por FCC Medio Ambiente y FCC Equal. En lugar de aplicar directamente el criterio previsto –el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en plantilla–, se computaron en función del peso de cada empresa dentro de la UTE, algo que no figuraba expresamente en el pliego y que desaconsejaron los técnicos municipales.

La vicesecretaria advirtió al concejal socialista de que el pliego no recogía expresamente el modo de computar dichos trabajadores, y que teniendo en cuenta que los niveles de participación de las empresas en una UTE pueden alterarse sin autorización de la Administración, se entendía más adecuado efectuar el cómputo de trabajadores con discapacidad sin tener en cuenta el porcentaje de participación en la UTE.

El interventor municipal mostró su acuerdo con dicho argumento e incluso propuso la posibilidad de solicitar un informe jurídico al respecto, pero Villazón optó por someter la decisión a votación y utilizar su voto de calidad para hacer el cómputo en función del porcentaje de participación en la UTE, lo que colocó a la empresa FCC como la candidata más aventajada y por tanto beneficiaria del contrato.

El TSJA fue claro al respecto: la interpretación que se hizo del criterio de desempate «fue un parecer que defendió el presidente de la mesa» sin base legal. Por ello, anuló la adjudicación y ordenó al ayuntamiento repetir el cómputo de trabajadores con discapacidad «atendiendo a la suma de las plantillas totales de las empresas integrantes y sin tener en cuenta el porcentaje de participación interna» para proceder a una nueva adjudicación.

El actual concejal de Parques y Jardines, Juan Olea (PP), ha advertido de que la decisión judicial «tendrá graves consecuencias económicas» para el Ayuntamiento de Benalmádena. «Resulta abrumador ver como un ex concejal socialista estableció sus propios criterios para decidir sin ningún tipo de miramiento qué empresa debía ser la adjudicataria de un contrato público, desoyendo además las indicaciones de dos habilitados nacionales, que ya le avisaron de lo que podía ocurrir», ha lamentado el edil popular, que ha destacado también que el equipo de gobierno trabaja para garantizar la continuidad del servicio con la menor afección posible a los vecinos.