Los sindicatos denuncian irregularidades en el organismo de recaudación de la Diputación socialista de Sevilla

CCOO, CSIF, SAT y USO han puesto el foco sobre la gestión del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), donde denuncian una sucesión de problemas que van desde agresiones e inseguridad en las oficinas hasta sentencias judiciales pendientes de cumplimiento, externalizaciones cuestionadas y una causa penal abierta por el hallazgo de una cámara oculta en los aseos de mujeres.

Las cuatro organizaciones sindicales han registrado una nueva petición formal ante la Presidencia de la Diputación de Sevilla para exigir que el presidente provincial intervenga ante una situación que califican de «insostenible». Los representantes de los trabajadores aseguran que llevan casi un año y medio reclamando una reunión urgente con el máximo responsable de la institución sin obtener respuesta.

Mientras tanto, denuncian que el deterioro del servicio de recaudación se ha agravado. La falta de trabajadores habría llevado a algunas oficinas comarcales a funcionar durante jornadas completas con un único empleado, una situación que los sindicatos consideran incompatible con la correcta prestación de un servicio público esencial.

El problema no se limitaría, según las centrales, a la falta de medios. Los trabajadores que atienden al público han sufrido, de acuerdo con la denuncia sindical, insultos, amenazas e incluso agresiones físicas. CCOO, CSIF, SAT y USO sostienen que la dirección del OPAEF no ha implantado medidas suficientes para garantizar la seguridad de la plantilla pese a los episodios registrados.

Más de 800.000 euros anuales bajo la lupa

Los sindicatos también cuestionan el destino de determinados recursos públicos. En concreto, señalan que el organismo destina más de 800.000 euros al año en subvenciones directas a la sociedad INPRO y apuntan a una presunta cesión ilegal de trabajadores.

A esto añaden la externalización del servicio telefónico, con un coste superior a los 115.000 euros anuales, pese a las deficiencias que, según denuncian, continúa presentando. La representación de los trabajadores contrapone estos gastos a la falta de personal que padecen las oficinas y reclama explicaciones sobre las prioridades de gestión del organismo.

El capítulo judicial tampoco está cerrado. Los sindicatos aseguran que el OPAEF ha tenido que afrontar el pago de indemnizaciones, intereses y costas derivados de diferentes condenas relacionadas con despidos y conflictos laborales.

Además, denuncian el incumplimiento de varias sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre los asuntos citados figuran la devolución de productividades cobradas en 2019 por miembros de la cúpula directiva, la situación salarial de trabajadores temporales y los recortes aplicados en los premios de jubilación anticipada.

Una cámara oculta en los baños de mujeres

Uno de los episodios que más ha indignado a la plantilla es el descubrimiento de una cámara oculta en los aseos de mujeres de los servicios centrales del OPAEF. El caso provocó la detención de un empleado y desembocó en una causa penal que permanece abierta.

Los sindicatos acusan a la dirección del organismo de falta de transparencia en la gestión del episodio. Según denuncian, se habría recurrido al carácter reservado del expediente para limitar la información facilitada a las posibles víctimas y a los representantes de los trabajadores.

CCOO, CSIF, SAT y USO reclaman ahora que el presidente de la Diputación tome cartas en el asunto y mantenga una reunión con la representación sindical. Las centrales consideran que la acumulación de conflictos laborales, problemas de seguridad, controversias sobre el gasto público y litigios judiciales requiere una intervención de la institución provincial.