Mohamed VI a la ONU: «Marruecos no tiene frontera terrestre con España, Melilla es un presidio ocupado»

Marruecos ha vuelto a negar la españolidad de Ceuta y Melilla, esta vez en una carta dirigida al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en la que defiende que «Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España» y que «Melilla sigue siendo un presidio ocupado».

La misiva, con fecha del 9 de septiembre de 2022, responde a una de la ONU remitida el pasado 13 de julio en la que solicitaba a las autoridades marroquíes información relativa al «uso excesivo y letal de la fuerza» contra los inmigrantes ilegales subsaharianos que asaltaron la valla de Melilla el pasado 14 de junio y que dejó decenas de muertes en el lado marroquí de la frontera.

Marruecos corrige a la ONU respecto al término «fronteras hispanomarroquíes», recalcando que no existen tales «fronteras terrestres». «La consideración de la línea de separación entre Marruecos y Melilla, en cuanto a las fronteras marroquíes españolas, es inexacta», sostiene en la carta.

Además, en el documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, cita en varias ocasiones a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a las que se refiere en todo momento como «enclaves» o «presidios marroquíes ocupados». Cabe recordar que Marruecos será miembro Consejo de Derechos Humanos de la ONU a partir del 1 de enero.

Horas después de conocerse esta carta de marruecos a la ONU y que en España sonaran de nuevo todas la alarmas sobre la españolidad de Ceuta y Marruecos, la agencia pública Efe lanzaba un teletipo con unas declaraciones de un alto cargo marroquí del Ministerio de Exteriores de Marruecos en las que afirma que la declaración conjunta firmada entre Marruecos y España el 7 de abril reconoce que entre los dos países hay también «fronteras terrestres».

Según este alto cargo marroquí, la declaración conjunta firmada en abril con España subraya que «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel de fronteras terrestres y marítimas».

De esta manera, el alto cargo hace alusión a las «fronteras» terrestres con España, una palabra que se omitía en la declaración, donde se habla sólo de incluir los dispositivos aduaneros «a nivel terrestre y marítimo».

Tensión España-Marruecos

El Gobierno marroquí apuesta así por tensar más la cuerda con el Gobierno de Sánchez y dejar claro el contexto geopolítico antes de defenderse de las afirmaciones de varios relatores de la ONU pidiendo más información respecto a lo acontecido en junio pasado.

Así, aclaran «de nuevo» que es «inexacto» referirse a «la línea de separación entre Marruecos y Melilla» como «frontera hispano-marroquí», como afirman en su texto, puesto que «el Reino de Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España y Melilla sigue siendo un presidio ocupado», por lo que «no se puede hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso».

El pasado abril, Marruecos y España iniciaron una nueva etapa en la relación diplomática entre ambos países con la carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI. En ella, el presidente del Gobierno se plegaba a la voluntad marroquí y afirmaba que el plan de autonomía del país vecino para el Sáhara es «la base más sólida, realista y creíble» para una solución al conflicto.

Del encuentro de Sánchez con el monarca alauí el 7 de abril salió una declaración conjunta en la que, entre otras cosas, se anunciaba «la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías», que se restablecería «de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo».

Esto se traduciría, según afirmó el propio Pedro Sánchez desde Rabat, en la reapertura de la aduana de Melilla, cerrada por Marruecos de forma unilateral en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta, donde no existía hasta la fecha.

Aunque el Gobierno marroquí no confirmó en ningún momento este extremo, tampoco desmintió al Ejecutivo español. De hecho, las declaraciones de un alto cargo alauí cuestionando la viabilidad geográfica de las aduanas fueron rebajadas.

El pasado 21 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció con su homólogo marroquí Naser Burita a su lado que la intención de los dos gobierno es que las aduanas abran el próximo enero.

«Hemos acordado trabajar para que el inicio del paso de mercancías de manera ordenada y gradual a través de los puestos aduaneros terrestres tenga lugar a lo largo del mes de enero», desveló Albares tras el encuentro mantenido con Burita en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

El ministro marroquí confirmó la intención de su país de cumplir con lo acordado en la declaración del 7 de abril y dijo que los dos países trabajarán para «un retorno a la normalidad de forma eficaz» en lo relativo al paso de personas y mercancías por los puestos terrestres y marítimos, confiando en que los «dispositivos» necesarios estén en marcha «desde el principio de año en el marco de una cooperación franca entre dos socios y amigos».

Marruecos culpa a Argelia

Por otra parte, en la misiva enviada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Marruecos denuncia la presión migratoria «sin precedentes» de la que es objeto y acusa a Argelia de «laxismo» al permitir el paso por su frontera de miles de inmigrantes con destino al territorio marroquí.

En cuanto a los acontecimientos del 24 de junio, denuncia la difusión de «informaciones falsas» respecto a lo sucedido: sostiene que los inmigrantes ilegales estaban organizados y tenían en muchos casos formación militar, además de subrayar la «violencia inusitada» con la que actuaron.

Por lo que se refiere a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, recalca que los efectivos «estaban equipados exclusivamente con material de mantenimiento del orden sin ningún arma de fuego letal y no se hizo ningún disparo», actuando «en el respeto absoluto del principio de necesidad y de proporcionalidad en el uso de la fuerza».

Asimismo, Marruecos señala que los fallecidos fueron 23 y no los 37 que se recoge en la misiva remitida por los relatores de la ONU, y que fue la cifra que ofreció una organización de Derechos Humanos local. Asegura también que las autopsias realizadas a todos ellos confirman que murieron por asfixia en la avalancha y no por arma de fuego.

Dicho todo esto, el Gobierno marroquí rebate la acusación de «racismo estructural y de tratamiento discriminatorio de individuos de ascendencia africana» -el objeto principal de la misiva de los relatores de la ONU- puesto que el país ha llevado a cabo «vastas operaciones de regularización de inmigrantes en situación irregular».

Por último, deja claro que «Marruecos no tiene ninguna responsabilidad en las devoluciones de inmigrantes en caliente» sino que «es la responsabilidad de las autoridades españolas». «Marruecos no hace sino sufrir las consecuencias de un fenómeno cuya gestión securitaria, por sí sola, ya ha demostrado sus límites», añade.

Con todo, puntualiza que tras los acontecimientos del 24 de junio no se produjo ninguna de estas devoluciones y asegura que «Marruecos se opone a la devolución grupal de inmigrantes y a la expulsión colectiva de extranjeros».