El Gobierno gastará 143.000 euros en retirar y destruir las 321 pateras que llegan a Almería cada año

La Subdelegación del Gobierno en Almería va a destinar cerca de 143.000 euros a la retirada, custodia y destrucción de las pateras y narcopateras que llegan cada año a la provincia y a la isla de Alborán con inmigrantes ilegales a bordo. La media anual ronda las 321 embarcaciones.

Cada patera genera un coste estimado de 445 euros que incluye rescate y traslado al depósito, descontaminación de la embarcación, transporte al almacén de reciclaje, destrucción para su traslado a una planta autorizada y porte. La cifra incorpora un descuento de 250 euros por el valor del reciclaje de los residuos del motor. Sin esa bonificación, el coste por gestionar cada patera ascendería a 695 euros.

La Subdelegación, encargada de decidir el destino de las pateras incautadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, señala que las parteras/narcopateras y sus motores «deben destruirse» para evitar «acumulaciones» y costes «innecesarios», ya que no pueden venderse ni reutilizarse.

Según la memoria de la actuación consultada por Europa Press, se requiere una empresa disponible los 365 días del año para retirar con grúa y almacenar, antes de su destrucción, las 321 pateras que de media se interceptan o localizan cada año en las costas de Almería.

La empresa deberá retirar y transportar las pateras de forma «segura» y «profesional» desde su ubicación –en el agua, varadas o en seco– hasta el depósito, garantizando que «no sufran daños». El servicio se activará a requerimiento de las FCSE y tendrá un tiempo máximo de respuesta de tres horas.

Los operarios deberán fotografiar y documentar cada patera en un certificado que firmará la fuerza actuante antes de que la grúa la cargue y traslade. La empresa encargada de la retirada asumirá en «exclusiva» la responsabilidad sobre la integridad de las embarcaciones.

La empresa tendrá un plazo máximo de tres meses para destruir cada patera salvo requerimiento judicial. La destrucción se programará mensualmente, con posibilidad de variar la frecuencia por decisión de la Secretaría General de la Subdelegación.

Los motores deberán descontaminarse y destruirse, «quedando totalmente prohibida su venta», aunque podrán valorizarse como chatarra algunos despieces. También se destruirá la totalidad del casco y el resto de elementos de la embarcación. El contrato cubrirá del 4 de noviembre de este año al 3 de noviembre de 2026, con un importe base de licitación de 142.845 euros.

En septiembre del año pasado unas 300 narcolanchas se apilaban en el puerto de Algeciras (Cádiz) por el colapso judicial. La fiscal superior de Andalucía advirtió de los «problemas» de espacio y lo «difícil» de reutilizarlas, y la coordinadora antidroga Alternativas del Campo de Gibraltar denunció a este periódico que el panorama en el puerto era «tercermundista».