El fraude del Ingreso Mínimo Vital: un 86% de las solicitudes son rechazadas en Málaga

El ‘salvavidas’ lanzado por el Gobierno socialcomunista, y vendido como tal, ha sido un auténtico fiasco. En Málaga, por ejemplo, un 86% de las solicitudes para el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido rechazadas, tal y como ha subrayado este domingo el coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona.

De este modo, el dirigente ‘popular’ ha subrayado que «solo el 13 por ciento de los 51.603 expedientes validados a 31 de octubre en la provincia han sido aprobados, lo que se traduce en que 44.704 familias han recibido un ‘no’ por respuesta o bien siguen esperando contestación, seis meses después de la puesta en marcha de esta iniciativa».

«Lo vendieron a bombo y platillo en verano», ha espetado Carmona en una nota, lamentado que «el caos generado por la mala gestión y la falta de previsión del Ejecutivo ha sumido a las familias y a los trabajadores sociales en un callejón sin salida».

Por ello, ha reclamado al Gobierno que rectifique: «lo más sensato es que transfiera a la Junta la gestión del IMV ante el atasco de su tramitación», ha expuesto, alegando que, «a día de hoy, la ayuda no ha llegado ni a una cuarta parte de los beneficiarios previstos en la comunidad autónoma y, en el caso de una provincia como Málaga, apenas ha alcanzado a 6.899 familias».

Las ayudas sin resolver en Andalucía, en palabras del coordinador general, «superan en más del triple a las concedidas, un duro balance que no son sólo números, sino familias que lo están pasando mal por culpa de esta mala gestión». Así, ha señalado que «se han resuelto 46.000 expedientes favorables en la comunidad, frente a las 160.000 peticiones que aún quedan sin tramitar».

Carmona ha reivindicado por tanto que «no se puede jugar con las esperanzas de quienes más lo necesitan», incidiendo en que «pedimos al Gobierno que transfiera a Andalucía la gestión del Ingreso Mínimo Vital», punto en el que ha recordado que «todos los gobiernos autonómicos tienen rentas básicas de inserción y saben cómo gestionarlo».

Al respecto, ha solicitado al Ejecutivo que «transfiera a las comunidades los recursos necesarios para atender y resolver las ayudas en tiempo y forma, y contratar al personal de refuerzo necesario para ello», criticando que han antepuesto «su afán electoralista y poniendo en jaque a miles de familias». «Es hora de reconocer la incapacidad del Gobierno para su tramitación y tomar medidas lo antes posible; no hay tiempo que perder», ha concluido.