Dos socialistas andaluces a juicio: uno dilapidó dinero en prostíbulos y el otro logró ‘carguito’ a dedo

Esta semana dos socialistas desfilarán por los juzgados andaluces. Uno, Fernando Villén (ex director general de la Faffe), dilapidó el dinero de los andaluces en prostíbulos; mientras que el otro logró un cargo a dedo por el simple hecho de ser amigo del primero. Todo al más puro estilo socialismo andaluz. Un PSOE de Andalucía (PSOE-A) que, por cierto, lleva meses indignándose con todo aquel que pone en cuestión la honorabilidad de un partido que, a la vista está, tiene más juicios que honor.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar el jueves de esta nueva semana el juicio promovido contra el ex director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y el ex alcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación y malversación derivados de la contratación «injusta y arbitraria» del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos.

El ex alcalde socialista de de Lebrija (Sevilla), Antonio Torres García, cobró casi medio millón de euros de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) sin ni siquiera acudir a su puesto de empleo y se compró un pisazo de 156 metros cuadrados en el centro de Sevilla ¡sólo un año después de entrar a trabajar -por decirlo de algún modo- en la Faffe!

Hace justo un año, precisamente, la Audiencia de Sevilla condenaba a Fernando Villén a seis años de cárcel por un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor, por los pagos en prostíbulos con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Con relación a este otro caso a juzgar esta semana, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, exponía en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado que «de las diligencias practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten atribuir a los investigados Fernando Villén Rueda y Antonio Torres García participación en la comisión de delitos de prevaricación y malversación».

Logró cargo tras perder la alcaldía

Concretamente, el juez relataba que después de que Antonio Torres perdiese la Alcaldía de Lebrija en las elecciones municipales de 2003 tras 24 años en el poder, habría solicitado al entonces director general técnico de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo su «colocación en la Faffe, a lo que Villén accedió promoviendo en su favor un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad, que diera satisfacción a las condiciones de contratación indefinida y salario solicitadas» por el ya exalcalde socialista de Lebrija.

Todo ello, pese a que Torres García «carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional» de directivo.

Así, y según el juez instructor, el ex alcalde de Lebrija «fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido con fecha de efectos 1 de diciembre de 2004, como directivo, con una retribución total de 46.750 euros anuales, encontrándose de alta como empleado en la Faffe hasta la extinción de ésta y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)».

Contratación injusta

La contratación, según el juez instructor, se produjo, «sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», es decir «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto, y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación, de conformidad con la propia normativa».

«No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal, ya sea técnico o directivo, por parte de una fundación pública como la Faffe», determina el juez instructor.

A ello se suma, según precisaba el juez en el auto, que el organigrama administrativo de la Faffe «no contemplaba puesto directivo alguno al que pudiera acceder» el exalcalde investigado, por lo que el otro encausado «vino a crear uno ad hoc que denominó Dirección de Relaciones Externas», un departamento que «era en realidad inexistente, de modo que carecía de estructura, funciones y contenido efectivo; sin sede física, ni oficinas, ni despachos, ni personal adscrito».