Declaran tres investigados en la trama Isofotón que afecta directamente a la ministra Ribera

La Justicia tomará declaración a tres investigados en la «trama empresarial» del caso Isofotón, en el que la actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez, tiene importantes trapos sucios. Destaca, sobre todo, su dudosa participación en esta empresa, que se llevó un préstamo irregular en 2012 de más de 8 millones de euros de la Junta de Andalucía, es decir, de todos los andaluces.

El motivo de la irregularidad del citado préstamo pasa porque las inversiones que justificaban tal entrega de dinero jamás se llevaron a cabo, con lo que se incumplieron todos los compromisos de gasto. Sin embargo, la empresa que en la que trabajaba Ribera nunca devolvió tal millonada, que pertenecía a los andaluces.

De este modo, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, que indaga los avales y préstamos concedidos desde la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) a la empresa Isofotón, declarada en concurso de acreedores, tiene previsto tomar declaración este jueves como investigados a Ángel S.S., Diego S.S. y Óscar L.G., «como responsables de la trama empresarial beneficiada de las ayudas públicas irregulares», según un auto emitido el pasado 24 de julio por dicha instancia judicial y recogido por Europa Press.

La juez instructora, además, ha solicitado recientemente a la Consejería de Presidencia las actas de las sesiones del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía celebradas entre 2005 y 2015 que incluyan acuerdos sobre los citados avales.

La petición de la juez Patricia Fernández Franco respecto a los acuerdos adoptados por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con relación a los avales de Idea a Isofotón abarca así los periodos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz como presidentes de la Junta, siendo condenados los dos primeros en la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

En esta causa, de cualquier modo, figuran como investigados los exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Martín Soler, por presuntos delitos continuados de malversación y prevaricación, si bien sus comparecencias judiciales están previstas para más adelante, para el mes de noviembre.

Una vez recibido este miércoles el mencionado requerimiento del Juzgado de Instrucción número tres, según la Consejería de Presidencia, dicho departamento va a dar «estricto cumplimiento a lo requerido, en colaboración total con la Justicia».

Recordemos que en las diligencias previas que tramita dicha instancia judicial sobre los avales y préstamos de Idea y su filial Soprea (Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía), a la empresa malagueña Isofotón, han sido apreciados posibles delitos continuados de malversación y prevaricación, así como otro delito de falsedad en documento público.

Disolución

Según el juzgado instructor, Idea concedió diversos avales a Isofotón, cuando la situación financiera de la misma era «absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución», pues en 2010 las participaciones sociales de la entidad fueron enajenadas en favor del Grupo Affirma (80%) y Top Tec (20%), «por un precio simbólico de un euro», lo que no impidió que la empresa cosechase «cuantiosas ayudas con cargo al erario público».

Es más, tras el citado relevo societario, «Isofotón y las entidades de su entorno comienzan a pagar cuantiosas cantidades a entidades del Grupo Affirma bajo la dirección de los hermanos Ángel y Diego S.S.».

Según el Juzgado, Isofotón y las sociedades de las que participa recibieron fondos públicos por valor de más de 80 millones de euros entre 2005 y 2012, mediante «avales e incentivos directos a fondo perdido», toda vez que «los avales otorgados por la agencia Idea presentan graves irregularidades relativas a la inadecuación de procedimiento y en cuanto a las garantías prestadas, muy deficientes e insuficientes para responder de las cantidades avaladas».

Para el juzgado, la agencia Idea «debía conocer la deficitaria e irregular situación de Isofotón», mientras la Soprea, como filial de Idea, concedió a la empresa un préstamo de casi 8,4 millones de euros, «pese a constar los incumplimientos respecto a las ayudas otorgadas anteriormente por Idea».