Condenado un alcalde cordobés de IU por acoso continuado: «Vulnera reiteradamente derechos fundamentales»

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Córdoba y declara acreditado el acoso laboral institucional ejercido por el Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba y su alcalde, Miguel Ruz (IU). La resolución obliga al Consistorio y al regidor a cesar toda conducta lesiva y a abonar como indemnización 12.558,60 euros más intereses, pues reconoce que las acciones municipales configuraron un acoso continuado que atentó contra la dignidad profesional y personal del funcionario.

Desde 2019 hasta 2022, el técnico municipal de Urbanismo sufrió, según la sentencia, un «patrón prolongado de hostigamiento institucional que incluyó aislamiento profesional, descrédito público, trato desigual y menosprecio continuado hacia el trabajador». Estas expresiones proceden de la propia resolución judicial, que considera probado que las actuaciones del Ayuntamiento no fueron incidentes aislados, sino una conducta organizada desde el seno institucional.

La sentencia hace especial hincapié en que el acoso de Ruz «no fue un conflicto puntual, sino una conducta organizada y sostenida desde la propia estructura municipal, que vulneró de forma reiterada los derechos fundamentales del empleado». Por ello, el fallo ordena la restitución plena de las condiciones profesionales del trabajador «incluso en caso de recurso» y exige el cese inmediato de cualquier comportamiento de hostigamiento.

Durante esos años, el funcionario sufrió bajas laborales reiteradas derivadas del acoso, soportó un ambiente laboral hostil y fue marginado de sus funciones esenciales, siempre según los hechos reconocidos por el TSJA. Estos datos demuestran no sólo el daño profesional, sino también el desgaste personal que implica vivir sistemáticamente bajo presión institucional.

El escándalo persiste

Lo más inquietante de este caso es que, pese a la contundencia del pronunciamiento judicial, ni el Ayuntamiento ni el alcalde han detenido el hostigamiento. El trabajador interpuso una nueva demanda por acoso laboral en febrero de 2025 para denunciar hechos posteriores al periodo juzgado. Asimismo, en junio de este año amplió la causa al documentar nuevas conductas lesivas.

En esta segunda demanda, se recogen «represalias directas posteriores a la primera condena, como la apertura de un expediente disciplinario sin base real, la obstaculización del desempeño de sus funciones profesionales y sindicales, impagos de retribuciones, revictimización institucional y un trato discriminatorio dirigido a desgastar al trabajador y forzar su abandono». Si estos hechos se acreditan, demostrarían que el alcalde y el Ayuntamiento han mantenido un acoso estructural y omiso al mandato del TSJA.

La acusación advierte además que, «en caso de demostrarse dolo en tales conductas, podría derivarse responsabilidad penal contra el alcalde». No es una acusación ligera: quiere decir que tan grave es persistir en el hostigamiento que se podría investigar al regidor no solo en lo laboral, sino también penalmente, si se demuestra intención consciente de vulnerar derechos.

Antecedentes institucionales

Este caso no surge de la nada. En 2019, el TSJA declaró que el Ayuntamiento, bajo la dirección del mismo alcalde, actuó con conductas antisindicales vulnerando el derecho a la libertad sindical del sindicato CSIF. En 2020, la Inspección de Trabajo calificó actuaciones municipales como infracción grave en materia de seguridad y salud laboral. Es decir: Miguel Ruz ya tenía conflictos judiciales previos relacionados con sus modos de gestión.

Además, organismos como el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia de Andalucía y la Inspección de Trabajo emitieron requerimientos formales al Ayuntamiento por irregularidades laborales y administrativas, sin recibir respuesta ni corrección. En muchos casos, su actitud fue calificada como «hostil y entorpecedora». Estas denuncias y procesos pendientes suman al cuadro de un modelo de gestión opaco, autoritario y lesivo para los derechos de los empleados públicos.

Para quienes defienden al trabajador, esta sentencia y las causas adicionales «reflejan la persistencia de un modelo de gestión autoritaria, opaca y lesiva para los derechos de los empleados públicos». Lo que estaba juzgado no es un episodio aislado sino un ejemplo extremo de lo que puede suceder cuando el poder local se sabe impune y actúa sin contrapesos.

Repercusión política

Que este juicio recae sobre un alcalde de IU añade gran peso político. La acusación señala que el fallo tiene «una trascendencia especial por el perfil del alcalde Miguel Ruz (IU), quien ostenta una dilatada trayectoria política e institucional». Más aún cuando, dicen, IU no ha tomado medidas internas significativas: «A pesar de las reiteradas condenas y los comunicados sobre estos hechos, no ha adoptado medidas disciplinarias ni de expulsión contra el regidor».

Para ellos, «el silencio de la organización, unido al desprecio institucional mostrado por el Ayuntamiento hacia las resoluciones judiciales y los organismos públicos, socava la credibilidad y los principios fundacionales de transparencia, justicia y defensa de los derechos laborales que IU proclama». En otras palabras: que un alcalde emanado de un partido que se dice defensor del municipalismo y de los derechos laborales incurra —y persista— en este grado de acoso, sin reproche interno, puede interpretarse como una grave incoherencia ética.

La acusación se refiere a este fallo como «el reconocimiento judicial de una realidad más amplia y persistente, que va más allá de los hechos formalmente probados». Añaden que «la resolución no cierra la herida, pero sí confirma que no todo vale en la gestión pública». Para ellos, Montalbán se erige como un símbolo: «El símbolo de la lucha por la dignidad en el empleo público» y un recordatorio de que «el poder político no puede situarse por encima de la ley».

También advierten que «la continuidad del acoso pese a la condena evidencia un déficit grave de control institucional y político, que exige medidas ejemplares». El restablecimiento del respeto, la transparencia y la ética en el Ayuntamiento cordobés «no puede demorarse más, si se pretende preservar la confianza ciudadana en las instituciones locales».