El Ayuntamiento de Córdoba da un respiro a las empresas y aplaza dos meses el pago de tres impuestos

El Ayuntamiento de Córdoba de José María Bellido (PP) ha decidido retrasar dos meses el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano, rústico y de características especiales -que afecta al aeropuerto y a las empresas de agua y energía eléctrica- ante el «difícil» momento económico y social derivado de la subida de precios.

Dichos tributos, que abonan el Estado o grandes empresas, constituyen más de 78 millones de euros para las arcas municipales, el 33% de su esquema de ingresos. El Gobierno local se ve obligado a tomar tales medidas para dar un respiro a la economía de empresas y familias, medida que también adoptó durante la primera fase de la pandemia, retrasando el pago del IBI y del Impuesto de Vehículos.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), ha explicado en rueda de prensa que se ha mandado al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución con dicha decisión, que supone «una medida de flexibilización de recaudación de los tributos locales para aliviar la presión que tienen los cordobeses en unos momentos muy difíciles, en el plano económico y en el social con el incremento de los precios», así como «la incertidumbre que se vive con el paro de la logística y la factura energética».

De este modo, ha valorado que «se contribuye a aliviar la carga de los vecinos aplazando el período normal del 5 de abril al 7 de junio, que pasa del 3 de junio al 5 de agosto», a lo que ha agregado que «esto es una medida social de mucho calado», destacando que «el Consistorio tiene capacidad para salir al paso en momentos de incertidumbre y ayudar en la medida de las posibilidades a los vecinos», de forma que «ésta es la primera entrega de las ayudas», ha apostillado.

Según ha detallado, «estos impuestos suponen prácticamente el 33% de todo el presupuesto de ingresos», precisando que «la estimación que hay para 2022 en el IBI rústico es de 2,7 millones de euros; en el IBI urbano, el esqueleto que sustenta como mayor impuesto municipal, unos 75 millones, y en el de características especiales, unos 600.000 euros».

Por tanto, «son 78,5 millones que aplazan su pago dos meses para aliviar la situación económica y social», ha ensalzado el edil de Hacienda, para remarcar que «hasta agosto se puede aguantar el aplazamiento» en las arcas municipales, todo ello en base a «razones técnicas y de seguridad contable».

El centro de convenciones

En relación con la situación actual económica y sus consecuencias respecto al retraso en el suministro de materiales, Fuentes ha comentado que la empresa del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) «hace unos 15 días pidió un aplazamiento a finales de mayo por problemas de suministro de material», pero «no se para la obra», ha aseverado.

Además, el concejal ha subrayado que la empresa es «ejemplar, porque antes de todo esto, cuando hubo problemas con el hierro y el acero inoxidable, pagaron por adelantado los estocajes, ante las presiones que hubo en los precios», de manera que «el ritmo de contratación que tienen ellos por el tema de materiales está haciendo que se cumpla en tiempo y forma», ha recalcado, aunque ha advertido de «la situación de la logística» actual.