Andalucía advierte del «negocio» de las mafias okupas y exige al Gobierno «endurecer» las leyes

La Junta de Andalucía ha solicitado de nuevo al Gobierno de Sánchez «un plan nacional antiokupación» que incluya una nueva legislación penal y civil para hacer frente a un problema que sólo en el último año ha provocado cerca de 100 llamadas al teléfono andaluz para víctimas de okupación de viviendas.

Así lo ha exigido este miércoles la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que ha denunciado también la existencia de «mafias» que hacen «negocio» de la okupación en la comunidad.

Carazo ha abordado esta cuestión en la comisión de Fomento del Parlamento autonómico ante pregunta del diputado de Vox Macario Valpuesta, que ha cuestionado las acciones de la Junta ante un problema que, según ha recalcado, tiene una «alta incidencia» en Andalucía. Valpuesta ha criticado las políticas del Gobierno andaluz al respecto: «Parece que cierra los ojos ante la realidad de la vinculación de la okupación con la inmigración ilegal, como se ve en Huelva y Almería».

La consejera ha reconocido que «en muchos casos la okupación está asociada a la delincuencia», algo que «preocupa» a la Junta. Además, ha señalado que hay involucradas «auténticas mafias que han hecho de la okupación un auténtico negocio» en la región.

La responsable de Fomento también ha subrayado ser consciente de «todos los problemas sociales que conlleva la okupación ilegal, no sólo para propietarios sino a los ciudadanos en general por los problemas de convivencia que conllevan».

Desde Fomento se ha sostenido que la Junta está «cumpliendo» con el acuerdo para luchar contra este asunto «en el marco de competencias de las autonomías». Entre las acciones emprendidas, Carazo ha citado la creación de la «mesa de coordinación contra la okupación entre las consejerías implicadas», o la puesta en marcha de un «sistema de asesoramiento en delegaciones provinciales, donde se atiende a las víctimas».

También se ha referido al «teléfono antiokupación» dispuesto para propietarios afectados por esta situación -900 100 112-, que ha recibido entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021 «casi un centenar de llamadas relacionadas con okupación de viviendas».

Finalmente, Carazo ha recordado que el pasado 18 se enero se aprobó un decreto para modificar el Plan Vive en Andalucía, a partir del cual «los okupas sancionados o condenados por okupación ilegal no podrán acceder en Andalucía a una vivienda de protección oficial». «Nos parece que es hacer justicia, no se puede premiar a quien se salta la Ley», ha remarcado la consejera.

No obstante, ha destacado que «no sólo el Gobierno andaluz tiene responsabilidad» en este tema y por ello, ha remarcado, «seguimos solicitando un plan nacional antiokupación». «El Gobierno de España tiene que actuar planteando la modificación de normativa estatal, endureciéndola», ha señalado, «desde punto de vista penal, pero también civil».