Abogados andaluces ven la democracia «seriamente amenazada» tras el acuerdo de Sánchez con Puigdemont

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada, en sesión extraordinaria celebrada este viernes, ha aprobado una declaración institucional en la que muestra su «profunda preocupación» por el documento suscrito entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, un «ataque frontal» al Estado de Derecho que «amenaza» la democracia al eliminar de facto la separación de poderes.

«Como juristas, y alejados por supuesto de toda connotación política», el acuerdo alcanzado este jueves entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont pone «en serio peligro la independencia del poder judicial y el principio básico de separación de poderes», han denunciado en el comunicado institucional.

Para los letrados, «resulta inadmisible permitirse cuestionar» desde la política -a través de las denominadas «comisiones de investigación»- las actuaciones de jueces y tribunales y si se ha producido lawfare (instrumentalización de la justifica con fines políticos), ya que ello «supone una manifiesta injerencia en la labor judicial de impartir justicia, eliminándose de facto la separación de poderes, pilar básico» de la democracia, que con ello se vería «seriamente amenazada».

Los juristas en general y la abogacía en particular, añaden, no pueden permanecer callados ante «semejante vulneración de la Constitución y de las normas básicas del Estado de Derecho, y ello por la inseguridad jurídica que la simple posibilidad de que tales comisiones pudieran llegar a operar genera, aun bajo la supuesta legalidad parlamentaria».

La amnistía se llevaría a cabo «en contra de las legítimas decisiones de los tribunales y de la estricta aplicación de las leyes, quebrando el principio de igualdad consagrado en nuestra Carta Magna, lo que sitúa a los justiciables en un estado de desequilibrio y arbitrariedad en función de factores que son ajenos al principio de legalidad y que vendrían dictados por intereses políticos, con evidente pérdida de las más mínimas garantías constitucionales», sentencia el Colegio de Abogados de Granada.