Jordi Pujol Sr. se querella en Andorra contra Martín Blas por extorsión, amenazas y revelación de secretos
La justicia andorrana ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, contra el comisario, Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en la embajada española del Principado, Celestino Barroso.
El escrito fue presentado hace unas semanas por el letrado de Pujol en Andorra, Jean Michelle Rascagneres, tras la denuncia realizada por el máximo accionista de Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, ante la juez que instruye el caso BPA, Canòlic Mingorance.
OKDIARIO ha tenido acceso a esta querella presentada por las presuntas «amenazas» y «coacciones» de Martín Blas y Barroso a los propios dueños de BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco. «Unos delitos», dice el escrito, «de los que son víctimas directas» los Pujol.
La querella señala que «estas coacciones y amenazas han perjudicado directamente a los comparecientes, dado que de estos delitos resultó la comisión de un delito de revelación de secreto bancario». El letrado de Pujol añade que «interesa a mis defendidos constituirse como acusación particular en el sumario que se abrirá en méritos del desglose pronunciado por la juez, en seguimiento de las declaraciones efectuadas por Higini Cierco».
En el escrito, la defensa de Pujol pide la declaración de Marcelino Martín Blas y Celestino Barroso. En referencia al propio Barroso, agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra, también se solicita al «Estado español que levante la inmunidad diplomática» del mismo, «teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido en el territorio del Principado de Andorra». Por último, reclaman la comparecencia de Higini Cierco.
Mientras Pujol presenta querellas criminales en Andorra, su futuro judicial en España es muy complicado. Todos los miembros de su clan familiar encabezado por él y su esposa, Marta Ferrusola, así como sus 7 hijos, han sido imputados en alguno de los cuatro procedimientos judiciales iniciados en la Audiencia Nacional y en dos juzgados de Barcelona
Las «amenazas» de Martín Blas
A mediados de agosto, Higini Cierco, dueño de BPA, denunció en sede judicial que el comisario Marcelino Martín Blas ordenó al agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, que trasladara al propio Cierco que debía reunirse con unas personas en Madrid, “o de lo contrario el banco moriría”.
Según el relato de Cierco, decidieron entonces delegar este asunto al entonces consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que se reunió con Barroso y éste le insistió en que si no colaboraban dándoles información sobre las posibles cuentas de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en la entidad, “el banco desaparecerá”.
Posteriormente, según contó a la juez el accionista mayoritario de BPA, Miquel y Martín Blas se reunieron en el Hotel Villamagna de Madrid y el comisario le reiteró las amenazas exigiéndole información bancaria de las familias Pujol, Mas y Junqueras. BPA facilitó unos datos a Martín Blas sobre los 5 millones que tenía la familia Pujol en la entidad.
Según Cierco, Martín Blas cumplió con su “amenaza”: “Probablemente”, aseguró, “porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra”.
“Los hechos”, continuó “derivaron con la nota de la agencia del Departamento del Tesoro estadounidense, FinCEN, construida a partir de información “errónea, parcial o incompleta”, que condujo a la intervención de la entidad.
Tal y como adelantó este diario, la juez decidió iniciar una investigación para esclarecer estos hechos y así ha sido, abriendo una pieza separada en el caso BPA, con la personación de los Pujol.