Moncloa destituirá a Mas si no da marcha atrás y lo sustituirá por la delegada del Gobierno

El Gobierno tiene trazado el plan de ruta si finalmente se lleva a cabo la moción independentista, tal como ha anunciado la Mesa del Parlament. Un plan que pasa por la suspensión de la autonomía y la sustitución de Artur Mas por la actual delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, aunque en ningún momento se suspendería el Parlament, porque Moncloa entiende que es la representación de la soberanía popular. Además de todas estas acciones, el Gobierno también podría tomar el control de los Mossos d’esquadra.

De esta manera, Mas dejaría de ser president en el mismo momento en que Convergència y Junts pel Sí dieran un paso más en la resolución por la independencia en el Parlament de Cataluña. Su «huída hacia adelante», como muchos han descrito el empecinamiento del president, podría tener su fin en tan sólo unas semanas.

Las dudas del ejecutivo están ahora en qué pasará después, cuál debe ser el siguiente paso, durante cuanto tiempo debe mantenerse esta situación. El horizonte temporal que barajan por el momento es de unos seis meses, aunque es un fleco aún por concretar.

Lo que parece que sí tienen claro es que la consecuencia directa de todo esto será la convocatoria de nuevas elecciones, lo que le daría a Cataluña un nuevo horizonte político.

Parece que la ronda de reuniones que el presidente del Gobierno ha mantenido con distintos líderes políticos en los últimos días han dado sus frutos. Estamos por tanto ante un momento histórico en el que el Gobierno de Mariano Rajoy está decidido a dar un paso al frente si fuera menester y se mantiene firme ante el reto independentista utilizando para ello la Constitución española, y más concretamente, el artículo 155:

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Hasta que esto ocurra, lo representantes de PPC, PSC y Ciudadanos, Xavier García Albiol, Miquel Iceta e Inés Arrimadas, respectivamente, presentarán de manera conjunta cuatro recursos de amparo contra la Junta de Portavoces. Un primer recurso propuesto por el PP para alegar que han sido vulnerados sus derechos al no haber podido participar en la Junta de Portavoces ya que aún no se ha constituido su grupo parlamentario. A éste se suman de manera solidaria PSC y Ciudadanos y otros tres individuales, con texto propio de cada partido, aunque con un único objetivo: que no se constituya el Pleno en el Parlament que busca debatir la resolución propuesta por Junts pel Sí y la CUP para la independencia de Cataluña.

Mientras tanto, Junts pel Sí a través de su portavoz, Marta Rovira, ha acusado a PP de «actuar con mala fe» y «abusar del reglamento» del Parlament al no constituirse aún como grupo para obstaculizar la tramitación de la propuesta de resolución rupturista acordada con la CUP.

Según ha indicado Marta Rovira en una rueda de prensa, «quien fuerza el reglamento es el que lo utiliza para tratar de obstaculizar la tramitación de una propuesta» y ha recalcado que Junts pel Sí y la CUP tienen derecho a que se debata dicha propuesta «sin dilaciones». Según Marta Rovira, «se están generando enredos para obstaculizar que se vote una propuesta que no les gusta», y ha querido dejar claro que JxSí no admitirá «que se utilice el reglamento para tratar de impedir su tramitación».

Todo esto ocurre cuando las aguas dentro de Convergència vienen revueltas por algunas filtraciones de la reunión de la semana pasada. El presidente de la Generalitat en funciones ha expresado hoy ante sus consellers su «disgusto» por  una fuga de información que exige «erradicar».

Varios miembros del Ejecutivo catalán manifestaron en la reunión del pasado martes su discrepancia con respecto a la propuesta de resolución independentista pactada entre Junts pel Sí y la CUP.

Tras la reunión de hoy del Govern, la vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, Neus Munté, ha admitido que «sí se ha hablado» de estas filtraciones.

El presidente catalán «ha mostrado su disgusto por las filtraciones de la última semana», ha explicado Munté, que también ha expresado su «desaprobación total» de estas fugas de información desde el interior del Govern.

La reforma del Constitucional, clave para sustituir a Mas sin suspender la autonomía

La reforma del Tribunal Constitucional aprobada el pasado mes de octubre ha dado al Gobierno la salida más limpia y menos ruidosa a la hora de abordar el desafío independentista planteado por Artur Mas y sus socios.

El nuevo texto introduce en la Ley Orgánica del TC la posibilidad de suspender a cargos públicos por el «tiempo preciso» y sin recursos. Primero, el Tribunal pedirá un informe al cargo público afectado. Después, una vez «recibido el informe o transcurrido el plazo fijado, si el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal».