China podrá acceder a los datos de empresas de tecnología

El gobierno Chino ha aprobado una polémica ley antiterrorista que obligará a las empresas de tecnología a proporcionar a las autoridades información de los usuarios y a colaborar para descifrar información almacenada en sus infraestructuras. La nueva ley se parece mucho a la que rige en EEUU, la llamada “Patriot Act” (decreto patriota) aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La nueva ley, no obstante parece que elimina dos condiciones que eran todavía más perjudiciales para las compañías de tecnología que ofrecen servicios en China, como la obligatoriedad de disponer de los servidores y los datos de los usuarios en el país o la instauración de “puertas traseras” que permitiesen acceder a los datos en caso de que las autoridades lo requieran.

Además, la nueva norma anti terrorista china tiene otras implicaciones importantes no sólo sobre las compañías de tecnología sino sobre los medios de comunicación, ya que establece una censura a la hora de informar sobre ataques terroristas. La regulación recién aprobada prohibe que los medios publiquen detalles de ataques terroristas incluyendo una cláusula que prohibe a medios y redes sociales informar de “cualquier detalle de actividades terroristas que puedan llevar a imitación o mostrar escenas crueles e inhumanas”. Así, como puede comprobarse se deja muy a la interpretación de las autoridades cuándo una información incumple esta norma.

La nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero de 2016, ha recibido duras críticas por parte de autoridades occidentales, incluyendo el presidente de EEUU, Barack Obama, que ha asegurado que las empresas de tecnología no van a estar dispuestas a ofrecer mecanismos que les servirían para espiar y hacer un seguimiento de sus usuarios. Sin embargo, el gobierno chino argumenta que su nueva ley “concuerda con la necesidad de trabajar en la lucha contra el terrorismo y es básicamente la misma que tienen otros países importantes en el mundo”. Además, China asegura que la norma “no afectará el normal funcionamiento de las empresas de tecnología y no tienen nada que temer en términos de tener «puertas traseras» instaladas o perder los derechos de propiedad intelectual.