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Caso Déborah Fernández: la familia rechaza que la Guardia Civil examine de nuevo el PC de la asesinada

Déborah Fernández
Déborah Fernández
Luis Miguel Montero

La familia de Déborah Fernández ha criticado en un comunicado público la decisión del Juzgado número 2 de Tui que investiga el asesinato de esta joven viguesa en abril de 2002 de mandar el ordenador de la joven a los expertos de la Guardia Civil de nuevo, para que trate de extraer información de interés para desentrañar este caso, sin resolver desde hace 20 años. La Guardia Civil ya tuvo la máquina en su poder en 2021 sin resultados positivos.

«Tras la espera de todo el verano en la resolución de nuestros escritos presentados el pasado 29 de junio relativos a la mala praxis del ordenador de Déborah podemos decir que, para variar, sentimos que la Justicia vuelve a mirar hacia otro lado sin poner los medios necesarios para saber quien estuvo detrás de la manipulación del mismo», explican en su comunicado.

La representación procesal de la familia de Déborah pidió que se esclareciese lo ocurrido con el disco duro del ordenador de la asesinada y admitida la prueba pericial de parte sobre el disco duro realizada por la empresa Lazarus Technology contratada por la familia para que lo examinase. Su dictamen concluyó que el disco había sido manipulado mientras se encontraba bajo custodia policial. Los peritos fijaron la supuesta manipulación después de 2006, cuando el disco duro pasó a estar bajo custodia. Desde aquel año y durante los siguientes trece años el PC permaneció almacenado en dependencias policiales junto a otras pruebas, algunas en Madrid, requeridas por la Brigada Central de Homicidios para investigar el caso.

En el 2019, la familia logró que la policía devolviese el ordenador para que lo analizase un perito privado y eligieron a los mismos profesionales que «abrieron» el móvil de Diana Quer. Pero la jueza solo autorizó el visionado a la Guardia Civil. Cuando la letrada judicial arrancó el ordenador para hacer una copia de seguridad, la máquina echó humo y sufrió varios daños. Seis meses después, la Guardia Civil entregó la máquina a Lazarus Tecnologic para que la examinase.

Por eso la familia de la joven viguesa asesinada explica que «lo que se está pidiendo es esclarecer lo que ha pasado con el disco duro de Déborah y con el acta de recogida, a lo que no accede Su Señoría, pero a la vez de motu propio ha decidido no hacer caso a la pericial de Lazarus Technology y remitir sus conclusiones a la Guardia Civil, el mismo cuerpo policial que ya tuvo el disco en su poder, que casi lo inutiliza, que no pudo acceder a su contenido (…) ¿Va a poner en tela de juicio las conclusiones de Lazarus Technology ¿En base a qué?, si ha señalado que no tiene medios».

En el comunicado los familiares de Déborah Fernández insisten en el hecho de que «las diligencias de prueba que se solicitan son para poder determinar si en el año 2006 y siguientes se produjeron manipulaciones en las instalaciones de la Policía Nacional, pues cuando menos existen indicios o muchas sombras sobre el acta de recogida del disco duro, del cual no quieren dar ninguna explicación sobre lo que enviaron a este Juzgado, sobre la presunta desaparición del acta original (realmente llamativo que sólo se destruyera ese acta con la inundación), y un sinfín de irregularidades en la actuación investigadora entre 2002 y 2006. (…) ¿A qué se deben tantas trabas cuando hablamos de que mi hermana fue asesinada y abandonada como un perro en la cuneta? ¿Qué quieren ocultar y a quien protegen? ¿Cómo es posible que no lo consideren importante?».

Un auto del juzgado señalaba en junio de 2022 que «en este procedimiento sólo cabe acordar aquellas diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan (desaparición y muerte de Déborah)”. Esto ha enojado a la familia «por cuanto precisamente lo que se ha hecho en estos 3 años es rechazar la mayor parte de las diligencias de prueba pedidas por esta parte para dicho esclarecimiento», aseguran.

Y recuerdan que el único sospechoso que recoge un atestado de la Policía de 2019 y que en marzo de 2022 fue llamado a declarar sigue «vigente» y señalaba que la Policía tiene «la plena convicción de que P.P.S.L. (su ex novio) es el autor de la desaparición y muerte de Déborah, Informe que pasó por alto Su Señoría y sobre el que no ha pedido nunca aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones».

La familia de Déborah Fernández quiere también dar las gracias a la Audiencia Provincial de Pontevedra «que hasta ahora nos ha apoyado en cada cosa que hemos pedido. Ojalá respondan de igual modo el próximo 8 de septiembre donde está previsto una junta para valorar la posible conformación del Jurado Popular que sería un gran avance para nuestra familia, abriendo la cercanía a un posible juicio contra el principal sospecho estos últimos 20 años», termina diciendo el comunicado.

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