España suspende en atención a la discapacidad: el 75% de las personas no recibe servicios sanitarios

En España hay 4,3 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad, sin embargo, el 75% de las mismas no recibe de forma frecuente y continua los servicios sanitarios y sociales que necesitan. Estos datos han sido revelados tras el Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España’ y realizado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

En este caso y como en muchos otros a nivel sanitario, las mujeres también se llevan la peor parte, ya que este dato subiría al 80% si hablamos sólo de género. Esta es la razón por la que, además, estas personas deben recurrir, en la mayoría de los casos, a servicios privados. Esto provoca un sobrecoste mensual del 81,6%.

En este sentido, otros datos también son demoledores para nuestro país al señalar que el 62% de los profesionales sanitarios y sociales reconoce que la dificultad más compartida es la escasa comunicación existente entre el sistema social y sanitario al depender de administraciones diferentes, la falta de historial compartido (49%) y de sistemas tecnológicos (46%).

El responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de COCEMFE, Alejandro Fernández, ha señalado que aunque se trata de una cuestión universal, en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas. «Para la continuidad asistencial es necesario un abordaje amplio y estructural, porque en la vida intervienen muchos elementos que tienen un efecto directo en la salud de las personas», ha añadido.

También cree que «la coordinación sociosanitaria va de derechos e igualdad de oportunidades», y destaca que «hay consenso en torno a la necesidad de pensar un modelo de atención social y sanitaria que ponga a la persona en el centro, que sea flexible y que posibilite atenciones longitudinales».

Finalmente, en su opinión, con este estudio, se quiere plantear la coordinación sociosanitaria como una propuesta orientada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica, con un abordaje estructural. También detalla que «va desde las políticas públicas hasta los niveles más concretos de intervención directa, pasando por los segmentos de coordinación, planificación, gestión y despliegue de las políticas».

Itinerarios descoordinados

En cuanto a los itinerarios, en el estudio se refleja que se encuentran descoordinados y dificultades en el acceso simultáneo a servicios sociales y sanitarios se confirman desde ambas visiones: los profesionales constatan que solo en el 35,2% de los casos se presta atención de calidad a las personas con discapacidad, mientras que en el 60,6% de los casos de presta con calidad «algunas veces».

Por su parte, el 34% de las personas con discapacidad no han visto coordinación entre los profesionales sanitarios y sociales que les han atendido, el 51,9% nunca han contado con una persona de referencia para resolver sus dudas, el 38 por ciento no ha podido agrupar las citas en un mismo día y horarios y, para el 29,3%, su historial personal es desconocido cuando acceden a nuevos servicios.

Condiciones en el trabajo

Por otro lado, las personas con discapacidad encuestadas han indicado marcadas limitaciones en relación con los principales ámbitos de participación, como, por ejemplo, el acceso en igualdad de condiciones al trabajo o la formación (78,5%, no lo tiene); el acceso a actividades de ocio (75% no lo hace), la conciliación en el ámbito laboral o educativo (74%, no la tiene), la satisfacción de la vida sexual (para el 67% es poca), la inadecuación de la vivienda (55%) y la dificultad para tomar decisiones y llevarlas a cabo (50%).

Con base en estos datos, COCEMFE ha demandado reducir la demora en la atención, mejorar el acceso a la información sobre los recursos y servicios, una mayor coordinación entre profesionales y servicios dentro y entre el sistema social y el sanitario, así como una mejora de la accesibilidad de los servicios sociales y sanitarios en un sentido amplio y mayor desarrollo y despliegue de servicios clave para la autonomía personal de las personas con discapacidad.