Este viernes en Levántate OK, Javier Cárdenas dedica su atención a la trascendente decisión de la Comisión de Fiscalización de Asuntos Económicos del Parlamento ecuatoriano de denunciar ante la Fiscalía de aquel país a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al diputado podemita Rafael Mayoral por los 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros que Rafael Correa adjudicó a dedo a Kinema, la cooperativa de Podemos. Concluye, por tanto, la Asamblea Nacional de Ecuador que puede haber materia delictiva.
Es un hecho que el anterior Gobierno bolivariano de Ecuador financió durante años con 2,6 millones de euros la cooperativa fundada por el diputado podemita Rafael Mayoral. El procedimiento era el siguiente: cada año, el Gobierno de Correa entregaba 759.936 dólares al servicio de asesoramiento hipotecario que los abogados de la sociedad Kinema prestaban (o debían prestar) a la colonia ecuatoriana en sus consulados en España.
El Ejecutivo de Correa utilizaba este servicio creado por Rafa Mayoral como una correa de transmisión política para captar el voto y las voluntades de los ecuatorianos que residen en España. Rafael Mayoral y otros dirigentes de Podemos, entre ellos la hoy ministra de Igualdad, Irene Montero, fueron citados expresamente por el nuevo embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, como responsables de estas empresas que recibieron dinero de la nación iberoamericana.