¿Y Zaplana es un enfermo leve?

El Ministerio del Interior ha suavizado el protocolo para excarcelar a los presos que padezcan enfermedades “muy graves”. Una medida penitenciaria que dejará en libertad a 21 presos de ETA que se encuentran en estas circunstancias –de acuerdo con los datos del colectivo Sare–, pero de la que previsiblemente Eduardo Zaplana no se beneficiará debido a la encarnizada negativa de la magistrada Isabel Rodríguez, a pesar de cumplir de manera amplia con los requisitos valorados por el protocolo de la cartera de Fernando Grande-Marlaska: plazo de vida o calidad de vida del recluso.

Es inhumano que la magistrada del caso Erial niegue la libertad a Zaplana –ingresado en estado muy grave desde hace semanas en el Hospital de La Fe de Valencia debido a la leucemia que padece desde 2015– e ignore los devastadores informes médicos emitidos por el doctor Guillermo Sanz, una eminencia internacional en leucemia aguda y trasplante de médula ósea, y la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. El diagnóstico de los especialistas ha sido claro y no permite interpretaciones gratuitas: si Zaplana regresa al centro penitenciario de Picassent su enfermedad se agravará acelerando su muerte.

La juez Rodríguez, lejos de reflexionar tras las demoledoras advertencias de los médicos sobre las letales consecuencias de sus decisiones, sigue enrocada y se niega en rotundo a retirar las medidas cautelares que recaen sobre Zaplana por “la posible destrucción de pruebas o riesgo de fuga”. Dado su estado de salud, la defensa del ex presidente valenciano ha pedido su libertad hasta en cinco ocasiones y la respuesta de Rodríguez siempre ha sido la misma: “No estamos en una cárcel del medievo”.

Zaplana, además, juega con una clara desventaja con respecto a los etarras encarcelados. Al ser un reo en prisión preventiva, la última palabra para la puesta en libertad vigilada no la tiene el juez de Vigilancia Penitenciaria –como sí pasa con los presos de la banda terrorista vasca–, sino la juez Rodríguez. A todas luces, y viendo cómo está utilizando las herramientas judiciales a su alcance, la magistrada no permitirá que el ex alto cargo del PP se vaya a casa de manera digna, como sí se permite a los condenados de ETA con delitos de sangre. Nadie pone en duda que la juez tenga que proteger la investigación judicial, pero no debe hacerlo arrollando la presunción de inocencia y la dignidad de un investigado como Zaplana que aún no ha sido ni juzgado ni condenado.