¿Y tú, Sánchez, no tienes nada que ver con las rebajas de Irene a los violadores?

Sólo sí es sí
Irene Montero y Pedro Sánchez

De la misma manera que nadie se cree que Felipe González no tuviera nada que ver con la veintena larga de asesinatos de los GAL, menos aún podemos tragar que Pedro Sánchez se vaya de rositas en ese cristo padre que ha montado Irena Montera con la ley del «sólo sí es sí». Leyendo la mayor parte de los periódicos, parece que ni estaba ni se le esperaba en este lío que, de acuerdo con el infalible y no menos inquietante contador que OKDIARIO ha instalado en la portada, ha provocado la reducción de pena de 12 abusadores sexuales. De momento.

Felipe González fue, visto en perspectiva, un razonable gobernante con ese lunar que fue el terrorismo de Estado. Un delito continuado que, así son las cosas, España hubiera aceptado si no fuera porque sus principales protagonistas lo emplearon para forrarse el lomo compulsivamente. Resulta insultante por perogrullesco concluir que era el número 1 de los GAL, entre otras razones, porque siendo el todopoderoso presidente del Gobierno de los 202 diputados te pueden colar un asesinato tus subordinados del Ministerio del Interior pero no 27.

En el caso de Felipe González pudo más la razón de Estado que la justicia: el Tribunal Supremo le protegió a modo y manera y tan sólo le citó como testigo en esa comparecencia que recogió magistralmente el compañero Fernando Quintela con una foto para la historia. En su descargo hay que admitir que nadie cantó La Traviata ni presentó la pistola humeante. Los medios también le echaron una mano haciéndose los suecos. Ahora ese 80% de la profesión periodística situado a la izquierda intenta cargar exclusivamente el mochuelo a una Irene Montero que es víctima de su propia altanería, su sectarismo y su indigencia intelectual.

Irene Montero desoyó la advertencia de un Consejo General del Poder Judicial que unánimemente vaticinó lo que está ocurriendo

La mema de la ministra de Igualdad llegó al cargo por nepotismo. Sus méritos se reducen a su relación sentimental con el machistoide ex vicepresidente Pablo Iglesias porque currículum no tenía. Su historial se limitaba a haber ejercido de cajera en la cadena de tiendas de electrodomésticos Saturn. Un trabajo tan respetable como otro cualquiera pero que desde luego no te habilita para ser ministra ni de Marina y menos aún con 31 años, que son los que tenía cuando fue digitada por el presidente del Gobierno por imperativo del macho alfalfa.

Cuando triunfas tan joven, y no digamos ya si encima eres cortita, lo que suele pasar estadísticamente es que te lo creas, te crezcas, vayas de pavo real por la vida y actúes desoyendo los consejos sensatos de aquellos que acumulan más experiencia que tú. Eso y el sectarismo que se gasta la pájara han provocado que, por ejemplo, desoyera la advertencia de un Consejo General del Poder Judicial que unánimemente vaticinó lo que está ocurriendo. Todos a una, los 20 vocales y el presidente, los nombrados por el PP y los designados por el PSOE —en este periódico está prohibida la tramposa dialéctica conservadores-progresistas—, suscribieron el aviso a navegantes. Ella se lo pasó por el arco del triunfo.

Irene Montero prefirió fiarse del trampantojo que le dibujaron en la pared sus piraditas colaboradoras que recoger el guante tendido por los que saben de esto: los magistrados. Y el ala socialista del Consejo de Ministros no puso objeción alguna al marrón cuando se aprobó el proyecto de ley: todos dijeron amén, incluidos los que ostentan la condición de magistrados de carrera, el a la sazón notario mayor del Reino, Juan Carlos Campo, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

Nuestras amigas, nuestras hijas y nuestras parejas están sustancialmente más intranquilas gracias a la ley de la ministra de Igualdad

El propio presidente del Gobierno no sólo avaló esta burrada de ley sino que incluso la elogió en público: «Es feminismo para construir un país seguro». No creo que España sea precisamente un lugar más seguro con la excarcelación de decenas y decenas de abusadores sexuales, entre otros, Ángel Boza, uno de los integrantes de esa repugnante Manada que fue el argumento oficial para modificar el Código Penal. Nuestras amigas, nuestras hijas y nuestras parejas están sustancialmente más intranquilas gracias a Irena Montera ya que a violadores y abusadores les saldrá mucho más barato perpetrar sus deleznables crímenes. Y decenas de ellos saldrán a la calle antes gracias a las rebajas de otoño de la podemita.

Sánchez nos tomaba entonces por gilipollas cuando dio carta blanca a esta incomprensible ley porque ahí estaba clarita la aminoración de penas y vuelve a hacer ahora lo propio al conocerse las consecuencias prácticas. O tal vez no se la leyó o, simple y llanamente, le importa un pepino que violar salga más barato porque su único objetivo es volar en Falcon per sécula seculórum. No era preciso ser Gonzalo Rodríguez-Mourullo, Miguel Bajo, Ignacio Ayala, Pablo Molins, Cristóbal Martell, Carlos Aguilar o Juan Gonzalo Ospina, algunos de los grandes penalistas de España, para adivinar lo que iba a pasar.

Sánchez tuvo que leer que antes de la promulgación de esta ley provioladores y proabusadores que lo que era abuso conllevaba una pena de entre 1 y 5 años y ahora al integrarse este delito en el de agresión sexual pasa a estar castigado con un mínimo de un año y un máximo de cuatro. Y el presidente tampoco pudo obviar que la violación también entraba en este aterrador black friday de Irene Montero: antes acarreaba de 6 a 12 años de cárcel, ahora de 4 a 12.

El inquilino de Moncloa también tenía la obligación de conocer que la agresión sexual con agravante pasa de 5 a 10 años a entre 2 y 8 y la violación con agravante, que antes estaba sancionada con 12 años en el rango más bajo y 15 en el más alto, ahora conlleva siete de prisión en el mejor de los supuestos para el delincuente y 15 en el peor. Una auténtica vergüenza. Y menos mal que alguien con dos dedos de frente le dio un toque a la impresentable ministra de Igualdad porque, aunque la memoria colectiva sea frágil, yo recuerdo perfectamente que inicialmente la reclusión máxima de la violación con agravante también había sido retocada a la baja, concretamente, de 15 a 12 años.

Sánchez debe echar ya a Irene Montero porque no se puede meter tanto la pata en menos tiempo y con tan desagradables consecuencias

He de recordar que la ministra apuntó a finales de septiembre, entre el silencio clamoroso de los medios, que «los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran». Todo un canto a la pederastia porque no sólo no pidió perdón por lo que podía haber sido un lapsus linguae sino que hace un par de semanas repitió tan chulesca como milimétricamente sus palabras.

Por si fuera poco, esta indeseable mintió como una bellaca en su gira sudamericana con cargo a nuestros impuestos al asegurar en una conferencia que «a las mujeres que van a abortar en España las meten en camiones o furgonetas para obligarlas a hacerse ecografías en las que les muestran el feto». Un bulo toda vez que una actuación así es un delito de coacciones como la copa de un pino. Por no hablar de esa ley trans que permitirá que se castre a niños de 12 años cuando un menor no tiene clara su condición sexual hasta, por lo menos, los 16. Una norma que está fracturando al PSOE. Sencillamente de locos.

Pedro Sánchez tiene la obligación moral de echar sin más dilación a la ministra de Igualdad, no sé si por lerda o por mala o por las dos cosas a la vez. No se puede meter tanto la pata en menos tiempo y, desde luego, con tan desagradables consecuencias. Cuando era cajera en Saturn si se equivocaba en el conteo el problema era entre ella y la empresa, pero ahora sus errores los puede pagar cualquiera de las 24 millones de mujeres que hay en España. La que decida el violador o el abusador de turno, que o bien ha quedado en libertad antes de tiempo o delinquirá porque ahora resulta más barato. Y también, qué carajo, los 6,2 millones de niños españoles, que serán carne de cañón de los depredadores sexuales tras las palabras de la ministra. El presidente del Gobierno debe decidir ipso facto qué rol quiere jugar: o cómplice de estas monstruosidades o la persona que les puso fin. En esto sí que nos va la vida.

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