Sánchez ha convertido a España en un Estado policial no democrático

En su comparecencia del domingo, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, leyó una respuesta en la que informó de que el instituto armado trabaja en “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Inmediatamente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska calificó esas declaraciones como un “lapsus” y afirmó que lo único que persigue la Guardia Civil son los “bulos que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que, bien la comisión de un hecho delictivo, bien causar de una forma engañosa, torticera e indebida, una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público; y evidentemente ahí no entra para nada ni la crítica más áspera, incluso con engaños, falsedades, no entra… eso forma parte de la libertad de expresión que es consustancial y que es pilar básico del Estado de derecho”.

El lunes el general Santiago volvió a participar en la rueda de prensa del comité técnico para el seguimiento del coronavirus y volvió a leer otro discurso en el que no rectificó sus palabras ni reconoció haber cometido ningún “lapsus”, sino que aseguró que en su trabajo “no hay ideologías” y nos contó su curriculum, plagado de los logros que lo han llevado a convertirse en general y por los que nadie le había preguntado. Entre otras cosas porque el Secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, había censurado todas las preguntas que los periodistas le habían dirigido al general para que aclarase sus palabras del día anterior. Tras su intervención, el resto de miembros del comité técnico, encabezados por Fernando Simón, rompieron en aplausos al general. Simón defendió el trabajo «honesto» de ese comité y dijo que criticar sus errores era una indecencia.

Hoy hemos sabido que los pasados días 15 y 16 de abril el Estado Mayor de la Guardia Civil envió un correo electrónico a las Comandancias en el que les daba instrucciones sobre las actuaciones de ciberseguridad vinculadas al coronavirus. En ellas se les ordenó la “identificación, estudio y seguimiento, en relación con la situación creada por el Covid-19, de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”, que son prácticamente las mismas palabras usadas por el general Santiago en su comparecencia del domingo y que fueron desmentidas por el ministro Marlaska. En dicho correo se pide a las Comandancias un informe semanal en el que se incluyan las investigaciones judicializadas y las denuncias administrativas, “con la finalidad de ser tratado en próximas reuniones con el titular del departamento ministerial”, o sea, con Marlaska. Pero el Gobierno ha convencido al general Santiago para que hoy se desmienta a sí mismo y diga que, cuando el domingo habló de perseguir las críticas al Gobierno y cuando en las instrucciones cursadas por escrito a las Comandancias les ordenó que evitaran las informaciones que generen desafección al Gobierno, todos le escuchamos mal y le hemos leído mal, porque él siempre se ha referido a las «instituciones del Estado» y no al Gobierno.

Como muy bien afirmó Marlaska el domingo, ese correo enviado por el Estado Mayor de la Guardia Civil a las Comandancias y que coincide literalmente con lo expresado por el general Santiago y hoy desmentido, incluye instrucciones que atacan “la libertad de expresión que es consustancial y que es pilar básico del Estado de derecho”. Hasta conocer este correo cabía la posibilidad de que, como dijo Marlaska, se tratara de un “lapsus” del general. Ahora que lo hemos visto todos por escrito ya no queda duda de que el Estado de derecho del que habló el ministro se ha convertido en un Estado policial en el que el Gobierno del que forma parte Marlaska no se encuentra sometido a las leyes, sino que nos impone su voluntad por la fuerza. El coronavirus ha sido la excusa perfecta para que el Gobierno socialcomunista haya acabado de hecho con nuestra democracia.