¿Quién quiere mi voto?

¿Quién quiere mi voto?

Es mío, no lo vendo y lo otorgo o retiro a voluntad. Lo presto para: garantizar mecanismos anticorrupción, dimisiones y ceses ante la mínima duda objetiva sobre prácticas corruptas y ante la mentira, el cáncer de la política española (máster, tesis doctoral, viajes personales avión oficial declarados secreto de Estado, casoplón, etc). Lo presto para cambiar la Ley Electoral y exigir porcentaje mínimo de votos en el conjunto nacional para obtener diputados en el Congreso (regulado en países democráticos), superando esta etapa de independentistas eligiendo al Gobierno de la nación que quieren destruir. Lo presto para cambiar Ley de Partidos Políticos y para que sean democráticos, listas abiertas y separación de partidos/Estado. Los partidos no pueden manejar el Estado como hacen ahora. Lo presto para que haya una ley que impida nombramientos de amigos y partidarios en las administraciones o empresas públicas, puestos que serán ocupados por funcionarios en concurso de méritos. Lo presto para una Ley de Memoria Histórica que recoja toda la memoria, no sólo la de un bando, con exhumación de los restos humanos existentes en cunetas.

Todas las personas y todas las comunidades autónomas tienen los mismos derechos. Lo presto para poner fin del régimen foral de País Vasco y Navarra. Lo presto para alcanzar un mercado interno único y no diecisiete, para combatir el fraude fiscal y una redistribución de la riqueza con impuestos progresivos, paga más quien más tiene. Lo presto para la lengua común se utilizará en la escuela y servicios públicos en todo el territorio nacional porque cualquier persona tiene derecho a usarla y a ser atendido en ella. En las Comunidades Autónomas con lengua propia, además de la común –que también es propia–, se articulará la coexistencia de ambas sin que en ningún caso prevalezca la regional sobre la nacional, que debe usarse al menos en el 50% en educación, servicios públicos, etc. Lo presto para que la Sanidad y la Educación sean competencias del Estado y éste podrá delegar la gestión a las Comunidades. Lo presto para acabar con listas de espera y garantizar que no muere nadie esperando años una operación en una comunidad cuando podían hacérsela en otra. Nadie será trasladado mil kilómetros con un tobillo roto (Barcelona – Almería). Se garantiza, además, que ningún ciudadano pase hambre ni frío y que recibirá ayuda social.

Lo presto para garantizar una ley laboral que respete derechos de los trabajadores, salario y condiciones laborales dignas. Lo presto para que haya guarderías gratuitas para niños desde 0 años y otras ayudas para fomentar la natalidad. Lo presto también para garantizar los derechos individuales: aborto (regulación actual), matrimonio entre personas del mismo sexo, cambio de género en sanidad pública… Lo presto para regular la prostitución, el consumo de drogas o la gestación subrogada como derechos individuales. Lo presto para ayuda a la dependencia.

Lo presto para investigar todas las denuncias de la ley VIOGEN –se archivan el 80% presentadas–, garantizando que los recursos lleguen exclusivamente a mujeres maltratadas. Lo presto para que se revisen las subvenciones a asociaciones de todo tipo (solidarias, maltrato, culturales, etc) que dedican el dinero a salarios de sus creadores y no a los fines para los que se solicita porque de ello viven decenas de miles de personas estafando recursos de todos. Lo presto para garantizar igualdad plena del hombre y la mujer, así como para combatir el machismo –superioridad del hombre– y el hembrismo –superioridad de la mujer–. Lo presto para respetar derechos civiles de la ciudadanía impidiendo identificaciones sin motivación, ilegales. Lo presto también para garantizar asistencia ante llamadas de emergencia al 091 –cada mes varias miles sin atender– y el reingreso guardias civiles demócratas expulsados hace 25 años. Lo presto para la prisión permanente revisable y multirreincidencia efectiva porque personas con más de 500 detenciones siguen en libertad y delinquiendo impunemente.

Lo presto para la inmigración legal, oficinas en sus países, seis meses de curso –con idioma si procede– y de formación. Una inmigración en la que los llegados se comprometen acatar igualdad hombre/mujer y a acatar las leyes españolas. Vienen protegidos contra mafias y explotación laboral. Expulsión de ilegales y un internamiento que podrán abandonar con billete pagado y cuantía económica para ir a su país. En definitiva, presto mi voto para solucionar problemas a la ciudadanía, no crearlos.

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