¿Quién se cree que es Begoña Gómez para ir ofreciendo puestos públicos?

Para medir el grado de indecencia que supone que Presidencia del Gobierno le pusiera a Begoña Gómez una asesora pagada con fondos públicos para hacer de asistente en sus actividades privadas basta con repasar el listado de personal contratado a dedo por Moncloa para llegar la conclusión de que Cristina Álvarez no ostenta un puesto menor, sino que su categoría administrativa era superior a la de 44 personas de su departamento. Es decir, su puesto tenían un nivel profesional y retributivo considerable. Fue la propia Begoña Gómez la que le ofreció trabajar como su asesora  y persona de «confianza», algo que también llama poderosamente la atención, puesto que la mujer del presidente del Gobierno no es quién para llevar a cabo un proceso de selección de esta naturaleza. ¿Pero quién se cree que es Begoña Gómez para contratar personalmente a personal pagado con dinero público?

La declaración de Cristina Álvarez ante el juez es reveladora: ¿la llamó Begoña Gómez y le ofreció trabajar a su servicio para después ser contratada como asesora de Presidencia del Gobierno? Pero, ¿esto qué es? La testigo ha asegurado que empezó a trabajar adscrita al Gabinete de Presidencia del Gobierno en julio de 2018. Según ha apuntado, entendió que su trabajo como secretaria personal era llevar la agenda completa de Gómez, incluidos los asuntos privados.

¿Quién firmó el contrato a la asistente de la mujer del presidente? Urge una explicación, porque la declaración en sede judicial de Cristina Álvarez apunta directamente a un delito de malversación, más aún cuando ha reconocido que hacía gestiones públicas orientadas al servicio de los negocios de la mujer del presidente. Álvarez ha explicado que se hace cargo de todas las actividades de Gómez, cuestiones de seguridad, de desplazamiento, protocolo, informes y ponerse en contacto con otras personas. Lo alucinante es su justificación: lo hizo como un «favor» porque se lo pidió su «amiga» y para ello utilizó la cuenta de correo de Presidencia. Toda una confesión de inmoralidad, con independencia de lo que decidan los tribunales de justicia