Pero ¿quién te crees que eres, Pedro Sánchez, el César?

De la misma manera que Pedro Sánchez está en su derecho de querellarse contra el juez Peinado por un presunto delito de prevaricación, el Poder Judicial -faltaría más- se configura en un Estado de Derecho como un poder independiente del poder Ejecutivo y, bajo ningún concepto, sometido a éste. Valga este recordatorio básico en democracia para decirle al presidente del Gobierno que su querella contra el juez contiene algunos pasajes inquietantes: «Se trata -puede leerse en el escrito de la Abogacía del Estado- de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales». Vamos a ver: el ejercicio del Poder Judicial, por definición, se articula como un poder independiente que no altera ningún discurrir de los otros poderes del Estado y si un juez en concreto se excede en el ámbito de sus competencias, es el mismo Poder Judicial quien interviene. Esto es de cajón, de modo que la querella parte de un error conceptual grave, porque da la sensación que lo que demanda Pedro Sánchez es una suerte de inmunidad plena en razón de su cargo de presidente del Gobierno. Y de eso, nada.

«A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo. Tampoco se le escapa a la acusación popular que emite ruedas de prensa en torno al interrogatorio objeto de controversia», se recoge textualmente en la querella, por la cual la Abogacía General del Estado lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y al juez sustituto, Juan Carlos Valle, por sus providencias en la que se citaba a declarar a Sánchez como testigo y la que denegó que dicha declaración se efectuase por escrito, como exigía el líder socialista.

La querella está  plagada de interpretaciones y ataques a la Justicia y, en concreto, al trabajo desarrollado por el juez Peinado. Otro de los argumentos de la querella no deja de ser endeble: «Hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero. Es evidente, por tanto, que la forma de toma de declaración tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador, cuando distingue su realización escrita o verbal, en sede judicial o fuera de ella», prosigue. Cualquiera diría que la Abogacía del Estado, en su defensa de Pedro Sánchez, considera al presidente del Gobierno poco menos que un César. ¡Qué manera de rendirle pleitesía!