Otra nueva astracanada legislativa

Esto no va ni de política. Aunque cualquier ciudadano por el hecho de serlo debe de estar afectado, preocupado o zarandeado por la cosa política, esto va de un esperpento normativo que ha saltado de la mesa del Consejo de Ministros del martes al BOE. Bajo el manto de un Decreto-Ley con la cobertura constitucional de la extraordinaria y de urgente necesidad, presupuesto habilitante del que se ha abusado, tanto que ya no le queda ni su esqueleto, utilizado para los efectos de la guerra de Ucrania y el desastre de la isla de La Palma, se ha abordado una reforma legal de alcance de primer nivel. En esta norma urgente se ha reformado la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, con el objeto directo de las fusiones societarias. Como los malos estudiantes, este Ejecutivo, lo cierto es que también comparte con otros precedentes la triste categoría de ser de los más lentos en trasponer directivas comunitarias, ha intentado aprobar el examen en junio, cuando el trabajo se debía de haber entregado en enero. De hecho, hasta podrá venderse esta defectuosa mercancía con la posible responsabilidad del incumplidor porque que cumple, aunque sea tarde.

El asunto es que no sabemos qué va a pasar después del 23J y eso sólo lo sabemos en nuestro fuero interno los votantes, pero revela una vez más la falta de decoro constitucional. No puede aprobarse una norma de alcance económico, que técnicamente interviene sobre las fusiones de empresa, sus requisitos y derivas notariales, registrales, en un batiburrillo normativo sin ninguna luz ni taquígrafos. Y especialmente cuando hay convocadas a un escaso mes vista, con las Cámaras disueltas, unas elecciones generales. Y no nos vale el argumento, ahora sí exclusivamente normativo, de que todavía no es oficial el inicio de la campaña, cuando todo el mundo sabe que la pegada de carteles y los cuatro mítines no ocultan que la campaña electoral empieza verdaderamente cuando cesa el poder legislativo salvo la Diputación Permanente.

Hay convenciones constitucionales que deben de estar por encima de cualquier espurio interés partidista. Hay que mirar y respetar el sistema si queremos una democracia avanzada. Se ponga como se ponga el entrevistado de moda, los procedimientos están por encima de ideologías; no se puede ser tan adánico para reinventar la rueda que nos lleve en butaca de primera, y despachar normas como si fueran bollería industrial en una fábrica en donde sólo se trabaja de noche para que no se someta al escrutinio de expertos, órganos consultivos, y público general. Es poco democrático. Sí, esa palabra que se emplea como un boomerang, aunque a veces nos parta la cara.

Y esto sin ni siquiera examinar lo que en algunos mentideros legales se comenta, con planteamientos ajustados a algún caso concreto y de numerosas incoherencias técnicas, producto de la prisa. Al fin y al cabo, la auténtica convención y récord constitucional serán las de cualquier Ejecutivo que desconfíe del Decreto-Ley, salvo en el caso de la extraordinaria y genuina necesidad: la de todos y no la de unos pocos.