No es la lengua, es la libertad

A propósito del linchamiento que se está produciendo contra el niño de cinco años de Canet del Mar y su familia vuelvo a ser consciente del daño que nos ha hecho la falta de pedagogía democrática. Son muchas las voces que siendo críticas con la pulsión totalitaria y nazi del Gobierno de la Generalitat, de los padres del colegio en el que estudia el niño, de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, del Gobierno de Pedro Sánchez, del Defensor del Pueblo… a la hora de abordar el asunto ponen el énfasis en la necesidad de proteger el español “en una parte de España”.

Llevar el debate a los “derechos” de las lenguas y confrontar la “necesidad” de proteger el catalán frente al español ( o viceversa) es una auténtica aberración, además de caer en la trampa de los fundamentalistas que otorgan a “las lenguas” derechos que les niegan a los ciudadanos.

Ni las lenguas ni los territorios tienen derechos. Del mismo modo que el Estado se asegura la protección y la seguridad de un territorio en la medida que es habitado por ciudadanos cuyos derechos debe proteger, las lenguas (el español también) son instrumentos de comunicación entre ciudadanos; por eso, cuando una lengua es oficial merece “protección” precisamente para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos de utilizarla.

La diferencia sustancial entre el español y otras lenguas cooficiales es que el español es la lengua oficial de todo el Estado, la lengua que permite a todos los ciudadanos españoles participar e intervenir en todos los asuntos públicos que le atañen. Por eso tiene un artículo propio en la Constitución Española, el 3.1, que dice así: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Y continúa, 3.2: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”.

Y finaliza, 3.3: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.

Como se ve, es la necesidad de proteger el patrimonio cultural lo que determina la protección de las lenguas, pues en la medida que las lenguas son un patrimonio cultural de la Nación, son propiedad de todos los ciudadanos españoles según reza el artículo 1.2 de nuestra Carta Magna “la soberanía nacional reside en el pueblo español”.

Reconduzcamos pues el debate a sus justos términos. Los padres del Colegio de Canet del Mar que acosan a la familia del niño de cinco años por expresar su deseo de que se cumpla el mandato constitucional y su hijo pueda estudiar en la lengua del Estado están violando un derecho fundamental de unos ciudadanos españoles.

El consejero de Educación del Gobierno autonómico de Cataluña que se acercó al colegio para solidarizarse con los violadores y no con la víctima está incumpliendo el deber de proteger los derechos fundamentales de una familia acosada y perseguida por el hecho de querer ejercer su libertad. Está prevaricando, actuando injustamente a sabiendas.

La portavoz del Gobierno de España, que dice conocer lo que está ocurriendo en Canet del Mar, es cómplice de los abusos que se están cometiendo contra el niño y su familia. Está prevaricando, actuando injustamente a sabiendas.

El Defensor del Pueblo que afirma que necesita “más datos” para actuar como defensor de las víctimas, está prevaricando, actuando injustamente a sabiendas. Quienes están siendo violadas no son las lenguas sino los derechos de los ciudadanos. Es la libertad lo que está en juego ante este nuevo embite del totalitarismo nazi que gobierna en Cataluña con la aquiescencia y protección del Gobierno de la nación. Las lenguas no están en peligro; lo que está en riesgo es la libertad de los ciudadanos a ejercer sus derechos sin necesidad de comportarse como auténticos héroes.

La libertad es la víctima de esa batalla que se libra en Cataluña. Por eso conviene tener muy presente que, si perdiéramos esta batalla, todos los ciudadanos seremos víctimas, incluso aquellos que hoy están del lado del mal. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que la validación de un método mafioso o totalitario trae como consecuencia que ese método se acaba aplicando a quien lo aprobó.

La conclusión no puede ser otra que una llamada a la resistencia. Hemos de juramentarnos para librar la batalla hasta que consigamos doblegar y derrotar a los totalitarios que desde Cataluña pretenden robarnos los derechos de ciudadanía a todos los españoles. Es verdad que la familia de Canet del Mar es la víctima directa, la que está sufriendo en primera persona los efectos del totalitarismo nazi que gobierna la comunidad autónoma de Cataluña; pero la cuestión nos afecta directamente a todos los demócratas españoles. Por eso la respuesta no puede ser únicamente la “solidaridad” para con ellos; la respuesta ha de ser la acción común contra los violadores de derechos, cobardes e indignos que persiguen a ese niño pequeño y a su familia. Acción común conlleva la denuncia en concreto, con nombres y apellidos, de todos los violadores de derechos de los niños y de sus familias. La acción común conlleva la denuncia nacional e internacional a los violadores de Derechos Humanos y también a los cargos públicos que niegan el auxilio a los ciudadanos cuyos Derechos Humanos están siendo violados.

Me pregunto – es retórica- si habrá algún país democrático en el que sea tan común como en España que los violadores de niños gocen de la protección de los gobernantes y prensa asimilada y/o concertada… Me pregunto – retóricamente- si cabe indecencia mayor que anteponer la ideología a los derechos de los niños… Me pregunto – y esto sí que es pura retórica- si el Papa se habrá interesado por esta cuestión a la vicepresidenta comunista con la que acaba de reunirse…

En fin, que los enemigos de la libertad son nuestros enemigos. Y que siempre nos tendrán en frente. Hasta, como decía el poeta, “enterrarlos en la mar”.