Lo que no dijo Bolaños

En cuanto TV3 afirmó el pasado viernes que «la Comisión de Venecia avala la Ley de Amnistía», se me puso la mosca detrás de la oreja. El presentador del informativo noche, Toni Cruanyes, explicó que «la reconciliación política es un objetivo legítimo». Y acabó remarcando, con cierto retintín, que «el PP había pedido el dictamen». Me extrañó que la opinión de este órgano del Consejo de Europa coincidiera con la de TV3.

Pero bueno, empezó el superministro Bolaños con un tuit a las siete y media de la tarde del día de autos. Bolaños, junto a Óscar Puente, es uno de mis ministros preferidos por su facilidad para retorcer la realidad. Licenciado en Derecho, fue número uno de su promoción en la Escuela de Práctica Jurídica. Tanto en el curso general de abogacía, como en el de derecho laboral. Aunque no confundir ambos méritos con el de abogado del Estado, eso ya son palabras mayores. Ha hecho más carrera en el PSOE.

«Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación», tuiteó el ministro. También aseguró que «cumple con los requisitos internacionales» y es «impecable y positiva». Terminaba incluyendo un link a la información de La Vanguardia. O sea que ya sé quién filtró el dictamen a este diario.

El rotativo, mira por donde, decía lo mismo que TV3: «La Comisión de Venecia avala la Ley de Amnistía». Aunque luego fue modificando el titular, como puso de manifiesto Cayetana Álvarez de Toledo en X. El segundo ya era más light: «La Comisión de Venecia avala la existencia de leyes de amnistía en Europa». Y el tercero, en su edición papel del día siguiente: «La Comisión de Venecia ve legítimas las amnistías con el fin de la reconciliación». Que era como no decir nada.

Lo de Cayetana fue un intercambio de tuits con Enric Juliana, el periodista de La Vanguardia en Madrid. Ligeramente escorado a la izquierda -lo de «ligeramente» es un decir- desde sus tiempos en el PSUC. La amistad entre ambos en las redes viene de lejos. La diputada del PP lo remató con otro tuit asegurando que «La Comisión de La Moncloa miente» y exponiendo sus argumentos.

Tras tener acceso al dictamen -juro que no me lo ha filtrado el ministro Bolaños- he de decir que la realidad se aproxima más a lo que decía Cayetana que a lo que decía el titular de Presidencia. Son 26 páginas. En inglés. Y, como es habitual en estos casos, con un lenguaje técnico. No expresa opiniones. Tampoco se moja excesivamente hacia un lado o hacia el otro. Pero, desde luego, lo de «impecable» está cogido con pinzas.

Empieza remarcando que no es un proyecto de ley, sino una proposición de ley presentada por «members of Parliament», es decir, por grupos parlamentarios. Fue, en efecto, propuesta por el Grupo Socialista. Con el apoyo de ERC, de Junts e incluso de Sumar. La diferencia no es un detalle menor porque las proposiciones de ley permiten una aprobación más rápida que, no nos engañemos, era de lo que se trataba. En cambio, con un proyecto de ley, se pueden pedir informes al Consejo de Estado u otros órganos consultivos que retrasan su tramitación, pero son más garantistas.

El dictamen recoge luego las dudas de los letrados del Congreso por su «posible inconstitucionalidad» como ya informó la prensa. Admite que la iniciativa ha provocado un «fierce criticism» (una «crítica feroz») y que «numerosas instituciones han rechazado el proyecto». Un tema interesante es que fija el número de beneficiados. Según la Comisión de Venecia, las cifras varían de entre «150-200 a 4.000».

Hay que recordar que Òmnium, una de las entidades del proceso, llegó a hablar de 2.850 «represaliados» en alguna Diada, pero luego lo incrementó hasta «4.200». No lo saben ni ellos. Inicialmente, pusieron en el balance hasta los famosos mil heridos de las cargas policiales que, por supuesto, no eran mil heridos. Y alguno ni tan solo estaba herido. Acaba remarcando el informe que una medida así necesita una mayoría holgada que va más allá de la mayoría absoluta. En algunos casos de 2/3 o 3/5 partes.

Llamativo que citen el caso de Francia, que concedió una amnistía tras la Guerra de Argelia. E insiste en varias ocasiones que es una medida de naturaleza «excepcional». La Comisión Venecia no entra en la constitucionalidad o no de la ley. Pero deja claro también que, vista la polémica, sería mejor regular la amnistía a través de una «enmienda constitucional».

En fin, no les aburro más, admite que «la normalización» en Cataluña es un «objetivo legítimo» aunque se pregunta si la amnistía lo conseguirá porque «ha creado una profunda y virulenta división en la clase política, las instituciones, el Poder Judicial, el mundo académico y, por encima de todo, la sociedad española».

Eso tampoco lo dijo el ministro Bolaños. Los catalanes en la batalla del relato jugamos con ventaja. Tenemos experiencia. El Gobierno catalán, los partidos independentistas o TV3 nos quisieron dar con frecuencia gato por liebre. Y, al final, los acabas calando.