La larga mano de Sánchez llega hasta el Supremo

La información que revela OKDIARIO sobre la petición que hizo Moncloa al Tribunal Supremo para que hiciera pública la sentencia del procés después del 12-O, día de la Fiesta Nacional, para evitar un estallido patriótico revela hasta qué punto la larga mano de Pedro Sánchez se estira siempre en beneficio de su propio interés. El Gobierno en funciones también ha pretendido -no es ninguna sorpresa- manejar los tiempos de la justicia a su antojo y conveniencia política.

Siempre podrá argumentar el Ejecutivo que lo hizo para evitar que se generara un clima añadido de tensión social, pero eso suena a excusa, porque el mismo razonamiento podría aplicarse al acto de exhumación de Franco y el Gobierno se dispone a llevarlo a efecto de forma inmediata, a unos días del comienzo de la campaña electoral.

En realidad, el Gobierno de Sánchez lo que pretende es generar el clima que más le convenga pensando en las elecciones del 10-N. Y si para ello tiene que inmiscuirse en el calendario judicial, se busca una justificación más o menos coherente a fin de llevar el agua a su particular molino. Todo en Pedro Sánchez es oportunismo. Maneja a su antojo a la Abogacía del Estado para que, según le convenga, diga una cosa y la contraria en relación con el traspaso de los fondos de la financiación autonómica, y mete a las pensiones en campaña prometiendo subirlas en diciembre. Nunca ningún presidente en funciones se atrevió a tanto.

La llamada al Supremo es el reflejo de una forma de gobernar en la que el Ejecutivo socialista invade sin recato todas las instituciones del Estado sin importarle en absoluto el principio sagrado en democracia de la separación de poderes. Por supuesto, de la integridad y honestidad del juez Manuel Marchena, presidente de la Sala que juzga el procés, nadie puede dudar, pero sí de un Ejecutivo que confunde peligrosamente los términos, porque gobernar no es ocupar el poder. Y eso es lo que es Pedro Sánchez: un ocupador del poder en funciones.