Ayuso pone en marcha 19 nuevos juzgados para combatir el bloqueo a la Justicia de Sánchez

Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones de hacer «un uso chavista» de todos los poderes del Estado para «orquestar una campaña» en su contra y de intentar «controlar a los jueces», por lo que su Gobierno ha puesto en marcha 16 medidas en materia de Justicia para combatir esa estrategia. Entre ellas, destaca la creación de 19 nuevos juzgados.

Como indica Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo madrileño está impulsando estas iniciativas para que la región pueda continuar con una actividad prolífica que batalle el «bloqueo» y la «colonización» que Pedro Sánchez hace de la Justicia, a la que mantiene «congelada», y para «facilitar al mismo tiempo las relaciones de los ciudadanos con la Administración».

En apenas diez meses de legislatura, el Gobierno de Díaz Ayuso ha dado los pasos necesarios para poder decir que la Comunidad contará con 19 nuevos juzgados: se han puesto en funcionamiento dos nuevos juzgados de lo Penal y dos de lo Social en Madrid y, a partir del verano, se abrirá otro en Arganda del Rey; se ha inaugurado la nueva sede judicial de Valdemoro; se están finalizando las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz, que entrarán en funcionamiento este año; se ha comenzado la rehabilitación de los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Móstoles, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada; se han puesto en marcha los proyectos de las sedes de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Arganda del Rey, y se ha acordado iniciar las obras de los nuevos juzgados de Collado Villalba y Móstoles.

A todos los citados habría que sumarle el desarrollo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que será la más grande del mundo, con una superficie equivalente a 65 veces el estadio Santiago Bernabéu. Es decir, el complejo, de un tamaño monumental y para el que se ha destinado una inversión de 680 millones de euros, será cuatro veces mayor al Tribunal de Justicia de París, seis veces superior al Palacio de Justicia de Amberes y 12 veces más grande que la Corte de Justicia del Estado de Nueva York. Con una extensión de 463.000 metros cuadrados, albergará una de las mayores obras de edificación pública de España.

Aumento de plantillas

El consejero de Justicia denuncia por otro lado que el presidente del Gobierno central sigue sin convocar el suficiente número de plazas de jueces y fiscales para evitar que la Justicia en España colapse, algo que también se ha intentado paliar en Madrid desde sus competencias. El Ejecutivo regional ha buscado aliviar el escenario con ampliaciones de plantillas y con mejoras laborales.

Así, García Martín indica que se ha incrementado en 1.350 los funcionarios interinos este año, ante la falta de convocatoria de plazas por parte del Ministerio; se han aumentado las plantillas en Fiscalía, en los Juzgados civiles de Madrid y en el Instituto de Medicina Legal, y se ha firmado un Acuerdo Sectorial de Justicia con todos los sindicatos que mejora las condiciones laborales de más de 7.200 funcionarios.

Justicia gratuita

Junto a todas estas, destacan dos importantes novedades: la última de ellas, la subida de los baremos de la Justicia gratuita, y la creación del facilitador judicial. Respecto a la última, conocida recientemente, Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en regular esta figura que se encarga de apoyar y ayudar a las personas con discapacidad intelectual en sus relaciones con la Justicia en todos sus ámbitos.

Completan la lista de medidas la ejecución del proceso de innovación tecnológica para tener una Justicia plenamente digitalizada; la mejora del servicio de las 21 oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito (OAVD) con una mayor dotación de personal; la extensión de la utilización de cámaras Gesell en todos los partidos judiciales y el inicio de un plan de acción para agilizar la emisión de informes psicosociales.

«Mientras el Gobierno regional trabaja por modernizar la Administración de Justicia, el Gobierno central ataca el Estado de derecho y está colonizando el Tribunal Constitucional y la Fiscalía para ponerlos a su servicio», señala el consejero.

También acusa a Sánchez de «socavar la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Justicia con la tramitación de una Ley de Amnistía». Una norma apoyada por dos diputados del PSOE y de Más Madrid con escaño en la Asamblea, que » esta misma semana votaron a favor», sentencia.