Frente al oscurantismo del Gobierno socialcomunista en relación con el encuentro furtivo entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Nicolás Maduro, el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid ha exigido proteger las grabaciones de las cámaras de seguridad del día de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas. La decisión del juez es taxativa: enviar a la Policía Judicial a entregar en mano en Aena y Barajas el auto para garantizar que las cintas no se destruyan.
La acción ha sido instada como consecuencia de la denuncia presentada por el PP. Al aceptar la medida cautelar urgente solicitada por el PP, el Juzgado acuerda requerir a AENA o autoridades competentes del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas que procedan a conservar “las imágenes grabadas a través del circuito de videovigilancia del aeropuerto la madrugada del 20 de enero de 2020.
Dado que en virtud de la denuncia, el juez entiende que se desprenden indicios racionales de hecho delictivo, el magistrado recuerda que de no atender al requerimiento judicial de conservar las grabaciones se incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
Resulta obvio que la intervención de la Justicia marca un punto de inflexión en un caso que se le ha atragantado al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sus contradicciones y mentiras han alcanzado tal nivel que la mejor noticia es que se haya judicializado un asunto que por la vía política no iba a esclarecerse por la cerrazón del Gobierno socialcomunista. Frente a la opacidad y bloqueo de la izquierda, ha tenido que ser un juez el que dé el primer paso para tratar de aclarar lo sucedido. Las grabaciones de las cámaras de seguridad pueden aportar luz a un asunto marcado por el oscurantismo de un Gobierno reñido con la transparencia que ha tratado a toda costa de ocultar la verdad. España no es Venezuela y aquí todavía funciona el Estado de Derecho
