La inmigración irregular desangra al Estado
Atiende a la denominación 231H y es, en realidad, la clave de una partida presupuestaria dependiente del Ministerio de Inclusión que esconde la gran bolsa pública destinada a la inmigración irregular. Reza así: «Acciones en favor de los inmigrantes», un enunciado escueto bajo el que la Secretaría de Estado de Migraciones, el órgano encargado de gestionar la política en materia de inmigración gestionado por Pilar Cancela, el cerebro gris de la «ley de nietos», guarda una gigantesca tarta a repartir entre la legión de ONG que viven del Estado. En 2023, esta partida era de 745,4 millones de euros y ya va por 1.085 millones, tras las dos ampliaciones aprobadas por el Consejo de Ministros en marzo y septiembre, que suman 340 millones extra.
El Programa 232H distingue dos grandes bloques: el de Extranjería e Inmigración y el de Acogida e inclusión de los inmigrantes. Dentro de este programa, se financian desde la atención humanitaria a inmigrantes en situación irregular que llegan a España, especialmente por vía marítima, hasta los centros de acogida, así como las subvenciones y transferencias a entidades y organizaciones que participan en la acogida. Y no habría nada que objetar si el dinero se repartiera con transparencia y rigor, algo que brilla por su ausencia. Adentrarse en la partida 231H es una aventura, porque la mayor parte del presupuesto, 689,6 millones, se concentra en gastos corrientes para sostener los servicios del sistema, mientras que el presupuesto identifica 30 millones específicamente para «ayudas y subvenciones en favor de inmigrantes y refugiados», dentro de una partida de más de 32 millones destinada a familias e instituciones sin fines de lucro. Ahora, el Gobierno acaba de elevar por encima de los 1.085 millones el programa de gasto para inmigrantes tras inyectar un crédito específico de 53,48 millones en el último Real Decreto-ley de este pasado martes (1 de septiembre), por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta, destinado al programa 231H. En suma, el coste para el Estado de la inmigración irregular crece de forma exponencial. La solidaridad tiene un precio muy alto que pagamos todos los españoles.
