El informe de Zaldibar

La terrible tragedia humana, ecológica y ambiental de Zaldibar ha sacudido Euskadi como un vendaval. Pero no sólo lo ha hecho como consecuencia de un brutal derrumbe del que aún seguimos sin conocer sus causas directas o de los peligros de la contaminación generada sobre la que se sigue dando información contradictoria, sino también por la falta de implicación efectiva de las instituciones en la crisis. Instituciones vascas e instituciones nacionales.

La clase política, al margen de siglas y colores, tiene la obligación de canalizar y ejercer de portavoz de ciudadanos y ciudadanas que, sumidos en la más absoluta incomprensión, exigen a viva voz respuestas a preguntas irresueltas que deben ser contestadas y que siguen sin ser abordadas por el Gobierno vasco y por un Gobierno de España ausente y distante. Esa obligación no sólo es imperativa, sino que debería ser entendida por las instituciones lideradas por PNV y PSE implicadas en la gestión de la crisis de Zaldibar como fundada, necesaria e imprescindible para el correcto funcionamiento de la democracia; jamás como una labor dañina, criticable o censurable.

Mucho se ha escrito en torno al derrumbe que se produjo el pasado 6 de febrero, cuando miles de toneladas de material descontrolado, entre él amianto, sepultó en Zaldibar a dos trabajadores aun hoy desaparecidos y generó una crisis ambiental y sanitaria en la zona sin precedentes. Con todo, en este contexto hay un documento sobre el que inexplicablemente las instituciones implicadas no han puesto luz: el informe ambiental que el Gobierno vasco elaboró tras visitar las instalaciones del vertedero de Zaldibar el 10 de junio de 2019.

Según consta en la ficha del informe de inspección ambiental del Gobierno vasco, la fecha de la inspección fue el 10 de junio de 2019, la fecha del informe de inspección ambiental, el 27 de agosto de 2019, y la notificación al titular, el 16 septiembre de 2019. 98 días. Durante esos 98 días el Gobierno vasco tuvo en su poder un informe de su propio Departamento de Medio Ambiente que alertaba con toda claridad de que la inspección ambiental del vertedero se saldó con la siguiente calificación: “Existe algún incumplimiento clasificado como significativo/severo o un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización”.

El informe determinó que el “grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada” era el peor posible, el más bajo. Y, precisamente por eso, el propio informe señaló que las “materias asociadas a los incumplimientos constatados en la inspección” afectaban a la “protección del agua”, a los “residuos”, a las “condiciones específicas de los vertederos” y –cuestión relevante– a las propias “licencias y autorizaciones”. A las licencias y las autorizaciones. Es decir, las irregularidades eran tales que directamente podían conducir a la retirada de la licencia. Al cierre del vertedero.

El Gobierno vasco, a través de su consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola (PSE-PSOE), destacó en sede parlamentaria que las irregularidades detectadas no eran “graves” a pesar de que el informe determinó que o bien se trataba de incumplimientos “severos” o de “un cúmulo de incumplimientos de las condiciones de autorización”. Y añadió que su Departamento descartó un posible derrumbe porque la empresa afectada presentó un informe en enero de 2020 que descartaba tal extremo. Un informe elaborado en mayo de 2019, antes de la inspección del Gobierno vasco, y presentado en enero de 2020, dos semanas antes del derrumbe.

Por el testimonio de las familias afectadas se sabe que uno de los desaparecidos alertó a su allegados que tenía miedo de que se produjera un derrumbe porque el terreno estaba en malas condiciones y había más residuos de los permitidos. ¿Cómo es posible que mientras los trabajadores denunciaban un riesgo de derrumbe que acabó produciéndose, el Gobierno vasco alegue que no existía riesgo?

El derrumbe se produjo el día 6 de febrero y el día 7 los sindicatos denunciaron que los operarios que participaron en las labores de búsqueda habían trabajado durante horas sin saber que había residuos industriales y presencia de amianto. Es decir, funcionaron mal el protocolo, la gestión y el control. A este respecto, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia (PNV), acusó en sede parlamentaria a la empresa del vertedero de no haber informado de la presencia de amianto. ¿Cómo es posible que el Departamento de Seguridad alegue que la presencia de amianto “no constaba en los registros” cuando el Departamento de Medio Ambiente sí poseía esa información desde hacía meses?

Días después del derrumbe, el Gobierno vasco informó de que la calidad del aire era buena y que la salud de las personas no corría ningún riesgo. Eso sucedió poco antes de que el director de Salud del Ejecutivo autonómico de PNV y PSE, Juan José Aurrekoetxea, compareciese en rueda de prensa para anunciar que la sustancia presente en el aire de Zaldibar, Ermua o Eibar era la misma que la que se utilizó para tratar de asesinar a un presidente ucraniano. “Le destrozaron la cara”, insistió. “No hablamos de esos niveles”, añadió para calmar a la población. Sucedió poco antes de que el Gobierno vasco informase de que aunque no había riesgo, instaba a los vecinos de las zonas afectadas a no abrir las ventanas de sus casas y a no exponerse demasiado al aire libre. ¿Por qué la nube tóxica que impidió a los jugadores del Eibar y de La Real Sociedad jugar al fútbol el pasado domingo 16 de febrero no evitó que los niños del colegio San Lorenzo de Ermua jugasen en el patio días antes? ¿Por qué si el estadio del Eibar está a más de dos kilómetros del vertedero de Zaldibar y el colegio se encuentra a 710 metros?

Estas son dudas razonables y debemos exigir que sean resueltas. Las mentiras no tendrían sentido alguno a menos que sintiéramos la verdad como algo peligroso y, precisamente por ello, la verdad no mancha a quien la dice, sino a quien la oculta. Bajo ese marco de higiene democrática, es perfectamente legítimo que tras la comparecencia del lehendakari Iñigo Urkullu y de sus consejeros el pasado 18 de febrero en el Parlamento Vasco, sigamos destacando incoherencias, inexactitudes, silencios en torno a lo que ya se ha convertido en uno de los peores ejemplos de gestión de crisis ambiental y sanitaria que se recuerdan.