Iglesias ordena y Sánchez dispone

Iglesias ordena y Sánchez dispone

Antes de que la crisis sanitaria estallara, Podemos ya había condenado al sistema de mutuas de los funcionarios – Muface (de los funcionarios civiles), Isfas (Fuerzas Armadas) y Mugeju (Justicia)-. Según la formación morada, para fortalezar el sistema de salud pública había que terminar con la asistencia sanitaria privada porque «desincentiva la desigualdad entre la población». El argumento destila un tufo sectario que apesta, pero contó con el visto bueno de Pedro Sánchez. Dicho de otro modo: el vicepresidente segundo ordena y el presidente del Gobierno dispone.

El plan del Ejecutivo socialista asesta un golpe de muerte a las mutualidades de funcionarios: dos millones de personas dejarán de tener asistencia sanitaria privada y colapsarán la sanidad pública. Esto es así porque en caso de eliminar Muface y el resto de mutuas, los más de dos millones de empleados públicos y familiares que utilizan el modelo Muface tendrían que pasar en bloque al sistema sanitario público. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron un Real Decreto en abril que ponía oficialmente en su punto de mira a las tres mutuas de los empleados públicos, tal y como publicó el 28 de abril OKDIARIO.

Ahora, el Gobierno niega que su objetivo sea ese, pero admite que valorará «cualesquiera medidas que puedan sugerirse para la mejora de los servicios». Es más: en un informe de los «expertos» del Ministerio de Sanidad se apuesta por recortar al máximo la factura en medicamentos, integrar a los funcionarios en la Sanidad pública e incluso amputar cualquier influencia de los laboratorios en la formación del personal sanitario.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha dirigido ya una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que informe sobre sus planes sobre el sistema de mutualismo administrativo y en todo caso «garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios».

O sea, el Gobierno niega lo que es toda una evidencia -el hachazo a las mutuas-, y  sus propios documentos lo confirman. No dicen la verdad ni aunque les pillen con las manos (los documentos) en la masa.

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