Hay que cambiar el sistema

La declaración del fiscal general del Estado el otro día acogiéndose a sagrado y sus derechos fundamentales para no contestar como ciudadano al juez del Supremo que le interrogaba, cuando menos introduce unas grandes dosis de melancolía. El representante de la magistratura titular de la investigación pública de las causas penales y de defensa de la legalidad no respondiendo de manera natural, e incluso menospreciando a la autoridad judicial, y que todavía permanece en su cargo, invita a reflexionar sobre la ausencia de frenos y contrapesos de nuestro entramado institucional. Su posición debería de ser ejemplar y edificante y generar seguridad sobre cualquier causa penal que pueda afectar a un ciudadano de a pie. Su caso no es más que otra muesca en la degradación de la confianza general, salvo que uno sea un fanático de partido político, en la arquitectura del Estado.

«Al abordaje», parece ser el lema del actual Gobierno respecto a todos los ámbitos del poder. Da igual que sea el Banco de España, la Agencia Española de Protección de Datos, y por supuesto el Poder Judicial. El legado político del presidente Sánchez será seguramente su resistencia numantina, el pactismo extremo para la supervivencia, pero mucho más preocupante va a ser el vaciamiento moral de los organismos que justifican una democracia moderna. Pasarán los Ejecutivos, pero como suele ocurrir, quedan las maneras y comportamientos políticos que al final arraigan. Un jurista antiguo hablaba del poder normativo de lo fáctico, o el hecho consumado. El efecto nocivo de esta situación se extenderá cuando acabe este tiempo político, porque nada es eterno, y ya se habrá asentado la idea de que quien tiene la mayoría parlamentaria posee legitimidad absoluta para poner a su servicio a cualquier de los órganos públicos. Ahí está lo difícil que es demoler ilegalidades una vez perfeccionadas, y si no, pregunten después de 50 resoluciones judiciales y más de veinte años por el Hotel El Algarrobico.

No existen cortafuegos, por lo que se ve, para que las instituciones estén cubiertas por los mejores, sin que esto sea una tecnocracia evidentemente. Y lo que todavía es más importante, garantizar la independencia funcional de sus actuaciones. Una democracia está fundada lógicamente en la soberanía popular que en los procesos legítimos electorales, lo cual hay que asegurar por otra parte, expresa su voluntad para que sean unos u otros los que dirijan la sociedad. Pero son necesarios equilibrios para evitar que la querencia expansiva que tiene cualquier gobernante, alguno más acusadamente, para colonizar todo, incluido los controles a sí mismo, pueda ser frenada. En España hay muchas mentes preclaras de las diversas ideologías que deberían aglutinarse en unos nuevos Pactos de la Moncloa para repensar el sistema. A día de hoy éste falla y no se ven límites en el horizonte que animen a pensar en el equilibrio de los poderes.

La modélica intervención y los discursos de la presidenta del Tribunal Supremo y de CGPJ debe ser el camino a continuar. Un brote verde es que se haya llegado por unanimidad a la cobertura de gran parte de las vacantes judiciales en la zona dura de la pirámide judicial. Muchos de los que han presentado junto al Rey la obra Felipe VI: una década de reinado, algunas de nuestras mejores cabezas jurídicas, deberían echar su cuarto a espadas en el debate público con ideas renovadoras para la estabilidad y arraigo institucional. Porque cuando todo acabe, deberán existir puentes para cruzar al otro lado.