España no puede permitirse normalizar el contrabando

El contrabando de tabaco no es un fenómeno menor ni una práctica sin consecuencias. Durante demasiado tiempo se ha visto como una forma de economía informal, asociada a la compra de productos más baratos o a circuitos de venta irregular. Sin embargo, esa percepción ya no se corresponde con la realidad. Hoy hablamos de una actividad que afecta a la seguridad, a la salud pública, a la recaudación del Estado, al comercio legal y a la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las normas.

Los datos disponibles obligan a tomarse este problema en serio. Según el informe de KPMG sobre consumo ilícito de cigarrillos en Europa, en 2025 se consumieron en los 38 mercados europeos analizados 55,3 mil millones de cigarrillos ilícitos, un 5,9% más que el año anterior. Esta cifra representó el 11,1% del consumo total. El mismo informe estima que si esos productos se hubieran adquirido legalmente en los países donde fueron consumidos, se habrían recaudado 22.400 millones de euros adicionales en impuestos.

España se encuentra en una posición relativamente mejor si lo comparamos con otros países del mercado europeo, pero eso no debe llevarnos a la complacencia. El informe estima que en nuestro país se consumieron 1,42 mil millones de cigarrillos falsificados y de contrabando en 2025, lo que equivale al 3,6% del consumo total y supone una pérdida fiscal estimada de 284 millones de euros. Son recursos que dejan de estar disponibles para sostener servicios públicos, reforzar capacidades de seguridad, mejorar medios materiales o atender necesidades colectivas.

Los datos de España revelan una tendencia muy preocupante: la mayoría del consumo ilegal proviene de productos falsificados. Esta situación transforma la gravedad del problema. Ya no se trata solo de contrabando, sino de mafias que fabrican, imitan y venden artículos fuera de todo control legal. Al comprar estas falsificaciones, los ciudadanos se exponen a riesgos graves, ya que desconocen por completo los componentes, el origen, los procesos de elaboración y las condiciones higiénicas o de almacenamiento de lo que adquieren.

La dimensión sanitaria es evidente. Los productos ilícitos quedan fuera de los controles de calidad, trazabilidad, composición, etiquetado y seguridad que exige la normativa. Pero también hay una dimensión económica y social. Cada producto vendido fuera de la legalidad perjudica al comercio que cumple sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias. La competencia desleal debilita al tejido productivo, deteriora la confianza en el mercado y alimenta estructuras que operan al margen de cualquier responsabilidad.

El informe europeo también confirma algo que quienes trabajan contra estas redes conocen bien: las organizaciones criminales se adaptan muy bien. La producción se fragmenta entre distintos países, las cadenas de suministro se vuelven más modulares, los envíos se hacen más pequeños y frecuentes, y los canales de llegada al consumidor se diversifican. Ya no basta con mirar sólo a la frontera física. El contrabando también se mueve a través de redes logísticas, paquetería, plataformas digitales, redes sociales y canales directos al consumidor.

Por eso, la respuesta del Estado debe evolucionar al mismo ritmo que la amenaza. La Guardia Civil y el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad implicados necesitan medios humanos, materiales y tecnológicos suficientes para actuar con eficacia. También es imprescindible reforzar la cooperación entre administraciones, mejorar el intercambio de información, actuar sobre los canales digitales, perseguir las redes logísticas y avanzar en una colaboración público-privada que permita detectar antes y responder mejor.

España aún tiene la oportunidad de evitar que el mercado negro de tabaco alcance los niveles críticos que sufre el resto de Europa. Para lograrlo, no es suficiente conformarse con tener mejores estadísticas, la clave es la prevención. Frenar el contrabando trasciende la simple confiscación, ya que implica salvaguardar la salud ciudadana, proteger la economía formal, asegurar la recaudación fiscal y reafirmar la autoridad del Estado.

El contrabando no es un problema de un sector concreto. Es un problema de país. Y frente a una economía ilícita cada vez más sofisticada, España necesita una estrategia firme, moderna y sostenida. Porque cada producto ilegal que circula fuera del sistema es una pérdida para todos.

Antonio Fernández Capilla es portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).