Dificultar el derecho de sufragio es delito, ‘juez’ Marlaska

El libre ejercicio del derecho de sufragio es uno de los pilares sobre los que se sustenta un sistema democrático, de ahí que el Código Penal castigue aquellos comportamientos que ponen en peligro o lesionan aquéllo que el propio proceso electoral pretende garantizar: la libertad para elegir a los representantes públicos. La protección penal del derecho de sufragio contempla la existencia de los denominados delitos electorales. Eso lo debería saber, mejor que nadie, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque la decisión de su departamento de poner trabas a los funcionarios de prisiones a la hora ejercer su derecho de voto en las pasadas elecciones madrileñas podría suponer un delito electoral y de prevaricación.

La resolución de la Delegación del Gobierno que publicó OKDIARIO viene a confirmar que el documento en el que se afirmaba que los funcionarios podían disfrutar del permiso de 4 horas para acudir a ejercer su derecho no fue firmado hasta el mismo día de la votación, con el agravante de que la resolución fue ignorada por los responsables de prisiones, conculcando así un derecho esencial. Hubo, incluso, funcionarios que no acudieron a votar ante las órdenes verbales para que no disfrutaran del permiso. CSIF ya ha interpuesto una denuncia contra el subdirector general de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias por obstaculizar el voto de los funcionarios de prisiones. La demora en la firma de la resolución de la Delegación del Gobierno permitió a Instituciones Penitenciarias justificar su decisión de bloquear el voto de los funcionarios. Algo gravísimo que tendrá que dilucidarse en los tribunales de justicia. El responsable último no es otro que el ministro del Interior, cuya condición de juez vuelve a quedar en entredicho. Marlaska tiene que dar la cara y depurar las responsabilidades que sean necesarias, porque la actitud de los responsables del Ministerio de Interior que dificultaron o impidieron el derecho de sufragio de los funcionarios de prisiones entra de lleno en lo tipificado como delito por el Código Penal.